El CGPJ asume competencias del tribunal militar al no poder nombrar a un nuevo auditor por la ley que lo maniata
La reforma que recortó las funciones del órgano de gobierno de los jueces vuelve a plantear un problema ante vacantes que no se pueden cubrir
Ya hay 48 nombramientos discrecionales pendientes, una cifra que llegará a 57 a 31 de diciembre si el CGPJ no se renueva antes
El Consejo General del Poder Judicial asumirá, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, ante el pase a la situación administrativa de reserva de su Auditor Presidente, Carlos Melón, y la imposibilidad de nombrar un nuevo titular derivada de la ley que recortó sus funciones. De esta forma, la Comisión Permanente del Consejo ha aprobado este miércoles el acuerdo de avocación de competencias.
La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no tiene un número fijo de integrantes: la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que está formada por el Auditor Presidente y por la totalidad de sus Vocales Togados en servicio activo, sin que quepa la sustitución de estos últimos. El número mínimo de miembros en servicio activo del Tribunal Militar Central -y por tanto de su Sala de Gobierno- debe ser de dos.
Actualmente, el Tribunal Militar Central está compuesto por cuatro miembros: el Auditor Presidente General Consejero Togado, un vocal togado General Auditor –ambos en servicio activo– y otros dos Vocales togados –ambos en la reserva-, por lo que el pase a la situación de reserva del presidente -que se produjo ayer martes- o del Vocal togado en activo supone per se una paralización temporal de las funciones gubernativas, informa el CGPJ. Los dos Vocales togados en situación de reserva -que además pasarán a retiro en 2022- no pueden formar parte de la Sala de Gobierno.
Las competencias disciplinarias, al margen
El Consejo asumirá esas competencias gubernativas mientras el tribunal militar no pueda ejercerlas por insuficiencia de los miembros requeridos legalmente para su actuación. El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, no asumirá las competencias disciplinarias militares, dado que le son ajenas.
En este sentido, y para evitar una asunción general de competencias, el Presidente en funciones del Tribunal Militar Central elevará en cada caso concreto la correspondiente propuesta motivada de actuación gubernativa o disciplinaria para que, a su vista, la Comisión Permanente pueda adoptar, por avocación, el pertinente acuerdo.
Según establece la ley que regula la actuación de ese tribunal, «la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central tendrá las atribuciones de gobierno del propio Tribunal y de los órganos judiciales militares inferiores, la potestad disciplinaria judicial militar y ejercerá la inspección de los Tribunales Militares Territoriales y de los Juzgados Togados».
El acuerdo ha sido adoptado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial , Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra.
Según informan fuentes del Consejo, los nombramientos discrecionales pendientes a fecha de hoy (como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la entrada en vigor de la ley que limita sus funciones) son ya 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y 6 a la jurisdicción militar.
La cifra aumentará a los 57 a 31 de diciembre de 2021 -51 en la jurisdicción ordinaria y 6 en la jurisdicción militar-, según el informe del que el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha dado cuenta este miércoles a la Comisión Permanente.
Situación insostenible
Doce de esas vacantes corresponderán al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno aprobó la semana pasada un informe en el que se señalaba que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y que “va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”.
