Cataluña, balance de una legislatura estéril: La locomotora económica se resiente tras los años de «procés»
Torra fracasa en el objetivo de lograr el retorno de las empresas fugadas
Hace no muchos años, un abismo en términos de la política catalana actual, CiU presumía de ser el partido de la empresa. Cuando en 2010 Artur Mas recuperó para el espacio convergente la Generalitat se prometió que comenzaba una etapa de gobiernos a favor de la actividad económica – «business friendly», presumían– tras el desbarajuste que supuso la etapa del tripartito. Entonces, claro, nadie imaginaba lo que vendría después. «El procés, más allá de lo que piense cada cual, es una etapa en la que se ha dilapidado una gran energía. Imagínese que todos los esfuerzos gastados, en uno y otro lado, se hubiesen empleado en actividades productivas, en fomentar el talento, en atraer inversiones», explica a ABC un alto ejecutivo de una empresa catalana cansado de tener que hablar siempre de lo mismo.
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Si al inicio del «procés», y con Artur Mas en particular, la empresa catalana aún confiaba en deslindar el ruido político de la actividad económica, lo que vino a partir del otoño negro de 2017 convenció a la mayoría de que, sin medias tintas, el «procés» era perjudicial para el negocio. Mas, por así decirlo, era, y creen que aún lo sigue siendo, uno de los suyos. Puigdemont, por no hablar de Torra, son fanáticos políticos. Nada «business friendly».
Diáspora
La prueba más fehaciente del fracaso de la gestión del Govern Torra en las áreas de economía y empresa, particularmente esta última, es el pésimo balance por lo que respecta al retorno de las compañías que huyeron masivamente de Cataluña a partir de otoño de 2017, favorecidas por un decreto impulsado por las mismas empresas catalanas. El regreso de las compañías, una de las prioridades que se fijó el departamento de Empresa que dirige Àngels Chacón, no solo no se ha producido, sino que el goteo de traslados no ha cesado . Únicamente Agbar, una compañía especialmente dependiente de su relación con las administraciones, anunció que volvía a Cataluña. Sin contabilizar el último trimestre de 2019, se estima que más de 5.500 firmas han abandonado la comunidad desde el 1 de octubre de 2017.
Desde el gobierno catalán se ha tratado siempre de restar valor a esta diáspora apuntando que los centros productivos no se han trasladado, una realidad que no esconde la pérdida del liderazgo de la economía española por parte de Cataluña en favor de Madrid. Tras revisar en septiembre de 2019 la contabilidad nacional, el INE publicó de manera reciente las nuevas cifras de PIB regional, colocando la economía madrileña (19,2%) por delante de la catalana (19%) con datos de 2018. Un «sorpasso» que no se producía desde 2012 y 2013 , cuando Madrid pasó por delante puntualmente en lo peor de la crisis, cuando Cataluña, con mayor peso industrial, más sufrió.
«Efectos a medio plazo»
La opinión de la empresa es que no todo se le debe atribuir a Torra, pero que su gestión no ha sido neutra. «Nuestra valoración sobre Torra y su gobierno no puede ser más negativa. Torra trabaja incansablemente en contra de la economía y las empresas catalanas», zanja Carlos Rivadulla, al frente de la entidad constitucionalista Empresaris de Cataluña. «Hasta ahora, 2014-2018, la economía catalana ha podido contrarrestar los efectos negativos del proceso con una situación macroeconómica muy positiva (crecimientos del 3%).
Pero la actual ralentización económica, unida a un enquistamiento del conflicto político al que se ha dado aire desde el Gobierno no nos hacen ser optimistas para los próximos 2-3 años. Los efectos reales del procés se empezarán a hacer patentes en el medio y larzo plazo», añade Rivadulla, que alerta del llamado «efecto Quebec» , en alusión a la pérdida de peso de esta región canadiense por la inestabilidad política. «Cataluña necesita volver a liderar España no abandonarla» , concluye Rivadulla
La alarma de los empresarios se fundamenta en la inacción del Govern, pero también en su acción. El pacto con los comunes para los Presupuestos de 2020 –cuya aprobación será la espoleta para la convocatoria electoral– ha disparado las quejas en cuanto significará una nueva vuelta de tuerca fiscal en una comunidad que pierde año tras año competitividad.
