Catalá quiere que Madrigal continúe como fiscal general
Cesada con el nuevo Gobierno, tendría que pasar los mismos trámites que en 2015
La llegada del nuevo Gobierno obligará a nombrar nuevo fiscal general del Estado , un puesto para el que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sigue queriendo a Consuelo Madrigal, que, al llevar menos de dos años al frente de este órgano, podría seguir optando a esta plaza. No obstante, es el presidente del Gobierno el que tendrá la última palabra. Si volviera a ser designada, la fiscal general permanecería en ese puesto durante cuatro años, el mismo mandato para el que fue nombrado su antecesor, Eduardo Torres-Dulce. Fue precisamente su marcha, a mitad de mandato (por discrepancias con los fiscales del TSJ catalán con motivo de la querella contra Artur Mas), lo que forzó el aterrizaje de Madrigal en enero de 2015.
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El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla entre los motivos del cese del fiscal general el cese del Gobierno que lo ha nombrado. Al ser este Ejecutivo del mismo signo político que el anterior, y teniendo en cuenta que la relación entre Madrigal y Catalá es muy buena , no hay motivos para pensar en un cambio, confiesan en el Ejecutivo. Su perfil discreto, su independencia y cómo está plantando cara al desafío independentista en defensa del Estado de Derecho y en cumplimiento de la Constitución son cuestiones que se valoran muy positivamente en el Gobierno. Sí es cierto que hace unos meses hubo algunas diferencias entre Fiscalía y Ministerio de Justicia con motivo de la aprobación de la ley que ponía límites a la instrucción penal. Los fiscales denunciaron públicamente que con los medios de los que disponían no se consideraban capacitado para llegar a tiempo (antes de junio de este año) a la revisión de las causas consideradas simples. Al final se consiguió el objetivo y las aguas volvieron a su cauce.
Los tres poderes
Aun en el caso de que permaneciera en el órgano, Madrigal tendría que volver a pasar por los mismos trámites que en diciembre de 2014, cuando dimitió Torres-Dulce: los que fija el artículo 29 del Estatuto y que implican el «visto bueno» de los tres poderes del Estado. Así, el fiscal general tiene que ser nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que se preguntaría sobre su idoneidad para el cargo.
Una vez recibido este informe, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, que convocará a la persona elegida ante la Comisión de Justicia, cuyos miembros escucharán al candidato o candidata y podrán valorar así sus méritos. Ya nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. El sustituto legal del fiscal general es el teniente fiscal del Tribunal Supremo, por lo que en ningún momento hay un vacío de poder.
En el Consejo de Ministros que se reunió ayer no se produjeron acuerdos, pero a partir de la próxima semana empezarán a renovarse los segundos escalones del Ejecutivo, los 25 secretarios de Estado de la estructura del Gobierno, según se recoge en el Real Decreto que se publicó ayer en el BOE.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, sí confirmó ayer que el presidente, Mariano Rajoy, seguirá presidiendo la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y la vicepresidenta le sustituirá en su ausencia.
