Caso Nóos
Una testigo confirma que Nóos presentó facturas no justificadas por valor de dos millones de euros
La exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat explica que «no existía el soporte documental de ese gasto» en el marco del proyecto de los Juegos Europeos de 2010
El juicio del caso Nóos prosigue este miércoles con la comparecencia de nuevos testigos. En primer lugar, ha declarado la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga . A preguntas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach , la testigo ha señalado que entre sus funciones se encontraban las de tramitar convenios y autorizar pagos.
Villalonga ha confirmado que a finales de 2005 se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nóos y la Generalitat, por un importe global de seis millones de euros , para la organización de los Juegos Europeos de 2010, que finalmente no se llevaron a cabo. La vigencia inicial prevista para dicho convenio era de dos años. El acuerdo se tramitó como una subvención. La justificación de un convenio de estas características sería el supuesto «interés público» del proyecto presentado.
La testigo ha señalado que en 2005 no había partida presupuestaria para dicho convenio, por lo que en 2006 se aprobó una primera adenda, con una partida presupuestaria de tres millones de euros, a la que en principio debía seguir otra adenda idéntica en 2007, que finalmente no se hizo. En ese contexto, Villalonga ha confirmado que en 2006 se abonaron a Nóos 382.000 euros por dos facturas debidamente justificadas , mientras que fueron rechazadas un total de 123 facturas, por un importe global aproximado de casi dos millones de euros. «No existía el soporte documental de ese gasto», ha aclarado la testigo para explicar el motivo por el que dichas facturas no fueron abonadas.
Guión de cada factura
Durante su comparecencia, Villalonga ha detallado algunas de las facturas que rechazó. Entre ellas, se encontraban 45 facturas de Virtual , por un importe global de 359.136 euros, y 13 facturas de BPMO , por un total de 143.840 euros. Virtual era una de las sociedades creadas por Diego Torres, mientras que BPMO era una empresa de comunicación que colaboraba con Nóos.
Villalonga también ha confirmado, a preguntas de Horrach, que devolvió 18 facturas de Lobby Comunicación, por un importe global de 581.717 euros, así como 24 facturas de Siriaimasu, por un total de 398.576 euros. Lobby Comunicación colaboraba con Nóos, mientras que Siriaimasu había sido creada también por Torres. «La decisión fue mía», ha explicado la testigo en relación a todas las facturas devueltas, relativas al pago de honorarios o a la preparación de presentaciones.
La testigo ha negado que dichas facturas pudieran ser «proforma», es decir, borradores que se presentan inicialmente y que contienen los detalles de las facturas definitivas que se entregarán con posterioridad. Villalonga ha afirmado que las facturas que le presentó Nóos eran para ser abonadas. Durante su declaración ante el tribunal el pasado mes de febrero, Torres defendió que dichas facturas eran «proforma».
Villalonga ha reconocido que devolver facturas por un valor de casi dos millones de euros «no es normal». Por ello, la testigo ha explicado que en su momento se hizo «un guión de cada factura» , al estar convencida de que alguien le preguntaría por esa devolución. Así lo hizo en su momento el entonces vicepresidente de la Generalitat, José Víctor Campos.
La testigo también ha señalado que en mayo de 2006 se le comunicó que Urdangarín había dejado de presidir el Instituto Nóos.
Rechazó 123 facturas
A preguntas de la abogada de Torres, Mariona Polo , la testigo ha confirmado que rechazó las 123 facturas citadas por un «defecto formal», no porque creyera que los trabajos que aparecían en dichas facturas no se habrían realizado. Asimismo, ha reiterado que la persona de contacto con Nóos en relación a las facturas era el antiguo contable, Marco Antonio Tejeiro.
La sesión del juicio del caso Nóos ha continuado, tras un receso a media mañana, con la comparecencia de Alfonso Rivera, que en 2007 era el secretario general administrativo de Presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. El testigo ha señalado que una parte de la documentación relativa a los acuerdos suscritos con Nóos se habría extraviado en aquella época, tras cuatro mudanzas de los documentos ubicados en una oficina específica de la Generalitat.
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