Caso Isabel Carrasco: Justicia popular

El veredicto del caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León , Isabel Carrasco , abre de nuevo el debate sobre si la institución del jurado popular, con poca tradición en España aunque consagrada por la Constitución, es conveniente en juicios tan mediáticos como este. La duda no reside, en ningún caso, en la recta intención de hacer justicia de las nueve personas que lo han formado; el problema reside en determinar hasta qué punto son capaces de abstraerse del bombardeo mediático previo a la vista oral e incluso durante la misma, de modo que sus decisiones no estén influidas por éste. Es evidente que tampoco los jueces son inmunes a los juicios paralelos, pero también que su preparación profesional, en principio, garantiza una menor vulnerabilidad.

Lo ocurrido con el caso de Isabel Carrasco, en lo que afecta a la policía local Raquel Gago , alimenta reflexiones como la anterior. Si como mantiene el jurado por mayoría de siete votos a nueve esta mujer «conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas ( Montserrat González y Triana Martínez ) y aceptó formar parte del plan urdido por ellas para matar a Isabel Carrasco»; la tarde del crimen tomó cafe en casa de Triana para «concretar los detalles finales de dicho plan»; aceptó «ocultar» el bolso con el arma homicida y «para alejar de sí toda sospecha» lo entregó a la Policía 30 horas después, no parece muy coherente con ello que cinco de los nueve jurados se mostraran favorables a que se beneficie de un indulto parcial, por mucho que su participación en el crimen «no haya sido decisiva».

La verdad es que el trabajo del jurado era muy complicado especialmente en el caso de Raquel Gago, sobre todo porque a lo largo de la vista oral no se ha llegado a vislumbrar siquiera cuál podría ser la razón por la que esta policía local habría aceptado participar en el plan para asesinar a Isabel Carrasco. Es verdad que para condenar no es necesario conocer el móvil, pero mientras que en el caso de Montserrat González y Triana Martínez estaba claro que actuaron por odio, nadie ha logrado explicar qué tipo de relación tan fuerte unía a Gago con las anteriores -especialmente con la segunda- para aceptar participar, nada menos, que en la ejecución de la presidenta de la Diputación. Los propios investigadores ratificaron este extremo en sus declaraciones.

El propio fiscal jefe de León, Emilio Fernández , era plenamente consciente de ello y decidió introducir en su informe final la posibilidad de que esta agente fuera condenada por encubrimiento o complicidad -la opción que finalmente ha prevalecido- en lugar de por cooperación necesaria, como pedía al principio.

Es cierto, no obstante, que tampoco la tesis de la defensa, según la cual su cliente entró en una especie de bloqueo mental que le impidió contar que había estado con las asesinas menos de una hora antes del crimen hasta que «por casualidad» encontró el arma, tenía muchas posibilidades de salir adelante. Pero de ahí a «conocer y aceptar» formar parte del plan criminal hay un paso enorme.