El caso de Diana Quer reabre la disputa política por la prisión permanente revisable
Cs cuestiona que esta figura garantice el cumplimiento íntegro de penas
¿Debe un violador reincidente y asesino a sangre fría salir de prisión si no se ha rehabilitado? El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón consideró que no e impulsó en 2012 la prisión permanente revisable con las tragedias de Marta del Castillo y Sandra Palo aún frescas. El PP aprobó esta reforma del Código Penal en la legislatura de la mayoría absoluta sin negociar con la oposición, que rápidamente prometió su derogación.
El PSOE no movió ficha pero el PNV presentó una proposición de ley que desde octubre está en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia, gracias al apoyo de socialistas y Podemos y la abstención de Ciudadanos. Con la prisión permanente en vigor, el asesino confeso de Diana Quer podría quedar encerrado de por vida si se demostrara que también violó a la joven madrileña y no mostrara signos de rehabilitación.
Este caso ha reabierto el debate sobre este castigo. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, alzó ayer la voz pidiendo a PNV, PSOE y Podemos que reflexionen de manera «profunda» y abandonen la derogación de esta medida que afectaría también a los asesinos en serie, terroristas o al crimen organizado. Recordaba Arenas que este tipo de encierro solo es aplicable para los supuestos considerados graves en el Código Penal, y que no supone cadena perpetua ya que el delincuente puede reinsertarse si demuestra capacidad para adaptarse a la sociedad.
No en vano, el texto aprobado por Ruiz-Gallardón establece que solo en las penas de prisión a partir de 25 años por delitos muy graves, se evalúe la situación del preso y, si no cumple las condiciones necesarias para ser reinsertado con éxito en la sociedad, se acuerde su mantenimiento en prisión.
Batalla en el Congreso
Pero el PNV mantiene su posición y advierte de que la medida viola los preceptos de reinserción social y reeducación de los delincuentes recogidos en la Constitución. Afirma que no está justificada, un argumento con el que coinciden los socialistas, mientras Podemos ataca la prisión permanente por considerarla contraria al marco europeo de derechos humanos.
Los populares han abierto la puerta a introducir modificaciones en el texto pero la proposición de ley que se encuentra en tramitación persigue directamente la derogación. No hay calendario previsto para su aprobación que, de hecho, dependerá de los propios grupos. Tanto Cs como el PP tienen la llave para prorrogar el plazo de enmiendas gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso . Es la táctica que emplean para frenar el avance de casi 40 proposiciones de ley de otros grupos de la oposición que les resultan incómodas. Pero fuentes parlamentarias apuntaban ayer que también el PSOE ha solicitado también ampliar el plazo de enmiendas. Los socialistas votaron a favor en la tramitación de ley y apuestan por la derogación. Su voto sería indispensable para ello. Pero existen más dudas sobre la voluntad política para abordar esta cuestión.
En Ciudadanos aseguraban ayer que su abstención se mantendrá. Justificó José Manuel Villegas que «compartimos el fin» de la prisión permanente revisable, pero cuestionando que ésta «plantea dudas de inconstitucionalidad» y proponiendo como «más eficiente y más efectivo» introducir cambios en la ley general de política penitenciaria. Es en esta norma de 1979 en la que se regulan los permisos y los grados penitenciarios. Cs justifica que en nuestro Código Penal ya hay penas muy elevadas de hasta 40 años y que lo primordial es «conseguir el cumplimiento íntegro de las penas porque «hay crímenes que se merecen que caigan sobre ellos todo el peso de la ley». Y consideran que la prisión permanente revisable, precisamente porque es revisable, abre la puerta a que no sea así. Varias fuentes de la dirección de Cs apuntan a que esperan contactos con el Gobierno para abordar esa reforma.
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