Los cargos que los 15 diputados díscolos del PSOE podrían perder

La purga en el PSOE ha arrancado. Dos diputados que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy, el catalán José Zaragoza y el balear Pere Joan Pons , se han convertido hoy en los dos primeros 'díscolos' en ser apartados de sus cargos como presidente y portavoz de la Comisión Mixta para la UE. La exportavoz del grupo Soraya Rodríguez, afín a la gestora que dirige el PSOE desde la dimisión de Pedro Sánchez, serán sus sustitutos.

Pero el castigo a los otros diputados del PSOE que no se abstuvieron en la votación es inmminente y, como el caso de Zaragoza y Pons, muchos de ellos podrían perder sus puestos de máxima responsabilidad. Un caso paradigmático es el de la jueza y exmagistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles , la independiente que concurrió a las elecciones como número dos del dimitido Pedro Sánchez, a la que algunos compañeros de grupo gustaría ver relevada de la presidencia de la Comisión de Justicia.

Por su parte, la que fuera cabeza de lista por Barcelona Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz podrían ser expulsadas de la dirección del grupo parlamentario, del que Batet es portavoz adjunta y Hernanz, portavoz sustituta.

Otro diputado del PSC, el filósofo y catedrático Manuel Cruz , podría ser sustituido como portavoz de Educación y Deporte. La también catalana Mercé Perea podría perder la portavocía de la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, mientras que a la aragonesa Susana Sumelzo el castigo le afectaría en su condición de portavoz de Cooperación al Desarrollo.

Además, tienen portavocías y cargos en mesas de comisiones, como vicepresidentes o secretarios, la gallega Rocío Frutos , el guipuzcoano Odón Elorza , la independiente Zaida Cantera , la castellano-leonesa Mariluz Martínez Seijo , y los catalanes Lidia Guinart y Marc Lamuá .

Los sanchistas sostienen que una «purga» de diputados díscolos ahondaría más en la división interna que vive el partido y esperan que el castigo se limite a la multa de 600 euros. Pero la gestora no parece contentarse con ello.