Campo quiere que el fiscal pase a instruir las causas penales antes de que acabe el año

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios para emprender las reformas necesarias en la Administración de Justicia. Consciente de que el gobierno de coalición del que forma parte «hay y habrá discrepancias, dificultades, malos entendidos y equivocaciones», ha pedido que la «cortedad de miras y un mal entendido partidismo no impidan que lleguemos a un acuerdo esta legislatura para convertir la justicia en un verdadero servicio público». «Si van ustedes a pedir una comparecencia ministerial cada vez que intuyan opiniones discordantes entre los componentes del Gobierno, vamos a perder todos mucho tiempo, y la ciudadanía mucho dinero», ha advertido. Forman parte del «juego de la democracia».

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso , donde ha esbozado las líneas de actuación de su Ministerio para esta legislatura sin una sola referencia a Cataluña, Campo ha abogado por hacer un «diagnóstico» de la justicia antes de actuar, porque un análisis serio, ha dicho, «no puede partir solo de datos». No se trata solo de asignar más profesionales o más inversión, sino «asignar recursos de forma más eficiente». «Estamos sólo reparando grietas pero debemos atender también a los cimientos, muy debilitados y claramente insuficientes para sostener el edificio de la Justicia». Y en ese edificio Campo ha querido señalar de forma singular a la Abogacía General del Estado, que «no cambia de denominación ni de función», ha aclarado, en lo que ha parecido una alusión al cuestionado papel que los servicios jurídicos del Estado han tenido en los últimos meses en relación a Cataluña.

Uno de los proyectos estrella del Ministerio será actualizar el sistema de enjuiciamiento criminal , «desbordado por la realidad procesal». Se ha comprometido a que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal esté sobre la mesa del Consejo de Ministros antes de que termine el año. En un momento en el que la apariencia de imparcialidad está más cuestionada que nunca, con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general, esta reforma contempla que el responsable de la investigación de las causas penales sea el Ministerio Público, y no el juez de instrucción, como hasta ahora.

Otra de las prioridades de su Departamento serán las víctimas de los delitos. «No necesitamos esperar a una nueva ley procesal para mejorar y fortalecer la atención a las víctimas de los delitos. Hay ya en marcha mecanismos importantes y útiles, como las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que queremos potenciar y reforzar». También ha aludido al anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, «muy trabajada por el anterior Gobierno y que esperamos culminar pronto».

Junto con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, hay otros proyectos que quedaron interrumpidos con la salida del equipo del ministro Caamaño en 2011 y que Campo quiere culminar, como la implantación completa y definitiva de la oficina judicial, un expediente judicial digital «seguro y accesible» o la integración de las plataformas de gestión procesal «para preservar la eficacia del sistema y la integración territorial».