Campo se compromete ante el CGPJ a que las reformas de Justicia pasen por los órganos consultivos
Expone su programa ante el órgano de gobierno de los jueces, al que traslada que hay bases de entendimiento con el PP para la renovación del Consejo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido este jueves ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que las reformas que salgan de su departamento (hay prevista una reforma del Código Penal), cuente con el informe de los órganos consultivos. El sucesor de Dolores Delgado ha expuesto su programa de actuación ante los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, que, según ha podido saber ABC de fuentes del Consejo, le han mostrado su inquietud por que la reforma de delitos como el sedición o rebelión anunciados por el Ejecutivo se haga sin contar con el informe del CGPJ. Esto sucedería si en vez de tramitarse como proyecto de ley, esa modificación legal se tramitara como proposición de ley, es decir, a instancias de un grupo parlamentario. En este punto Campo ha señalado ante los vocales que «todos los proyectos concretos» que incluya su programa «Justicia 2030» serán el resultado de la ronda de contactos que el ministro y su equipo están llevando a cabo con todos los órganos, colectivos y administraciones relacionadas con el ministerio«.
Según las fuentes consultadas, Campo se ha referido también a la renovación del Consejo, en funciones desde diciembre de 2018. Ante la preocupación que le ha manifestado el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, por la no renovación en plazo de las instituciones (algo que ya ha recordado por carta en varias ocasiones a los presidentes de las Cámaras), el ministro ha señalado que el clima de entendimiento con el PP es bueno, y ha destacado su buena relación con el responsable de Justicia del partido y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, con quien coincidió como vocal en el Consejo General del Poder Judicial cuando lo presidía el hoy fallecido Francisco José Hernando. No obstante, el ministro, partidario de mantener estas negociaciones con la máxima discreción posible, no ha dado ningún detalle sobre el planteamiento ni contenido de sus conversaciones con López para llevar a buen término el acuerdo para evitar «el desgaste y desprestigio» del propio CGPJ, el Tribunal Constitucional y el resto de órganos a renovar.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo ha explicado ante el Pleno del Consejo las líneas generales de Justicia 2030, el programa con el que el Ministerio pretende transformar el servicio público de Justicia en un horizonte de diez años para ponerlo a la altura de otros servicios públicos avanzados como el de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Es la segunda vez que un ministro se dirige al Consejo para hacer partícipes a sus miembros de las líneas generales que pretende poner en marcha su departamento (el anterior fue Francisco Caamaño). Ha sido el propio Campo quien ha solicitado el encuentro al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con la intención de presentar a los vocales su propuesta, un programa abierto a las aportaciones de todos los operadores, colectivos, administraciones y órganos relacionados con el departamento que dirige.
El encuentro con Campo ha durado cerca de una hora, de la que el ministro ha invertido cerca de veinte minutos en exponer una versión resumida de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados la semana pasada. El sustituto de Dolores Delgado ha fiado el desarrollo de su programa a los próximos diez años, en los que ha señalado que la «hoja de ruta» de su nuevo equipo estará orientada a ámbitos tan esenciales para el servicio público de la Justicia como la transformación digital o el cumplimiento de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002.
Además de en la Cámara Baja, Campo ha presentado su programa ante el Consejo General de la Abogacía, las asociaciones de jueces y fiscales, las de los Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores y el Consejo General de Procuradores de España. Paralelamente, el ministro se está reuniendo con los consejeros de Justicia de todas las comunidades autónomas con el mismo objetivo.
