Bousselham se queja en la Audiencia Nacional de que el juez se reúna con los investigadores

La defensa de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que se queja de que se ha enterado por la prensa de que el juez Manuel García Castellón mantuvo una reunión con los policías que redactaron el informe pericial sobre los daños que presentaba la tarjeta del móvil que le robaron.

La reunión, de carácter informal, tenía como objeto que los agentes explicaran al magistrado las conclusiones del trabajo técnico que se había realizado y que concluía, por un lado, que los daños físicos en el dispositivo pudieron deberse a una técnica de lijado que utilizan en las empresas de servicio técnico y, por otro, que estando en ese estado la tarjeta, no era posible averiguar cómo ni cuándo se produjeron los desperfectos internos que impiden su funcionamiento.

Tal y como avanzó ABC, este punto es clave , porque no despeja las sospechas sobre el rol que pudo jugar Pablo Iglesias, ya que Bousselham, aunque luego se retractó, sostuvo durante un año de investigación abierta que cuando le devolvió el dispositivo, no funcionaba.

«Desconocemos si se ha producido la diligencia de investigación de declaración antes reseñada, que se afirma en los medios de comunicación, entendiendo que, en cualquier caso, procedía nuestra asistencia como acusación particular», dice el escrito, firmado por la letrada Marta Flor, la misma a la que el juez ordenó reemplazar por otro letrado aduciendo conflicto de intereses.

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la abogada recoge tanto la información de que iba a producirse esa reunión como la que apuntaba a la posibilidad de que el juez remitiese una nueva comisión rogatoria a Gales. Ya se tramitó una para recabar documentación y testimonios de los responsables del servicio técnico que se encuentra allí ubicado para que informasen sobre el estado en que llegó la tarjeta y qué técnicas se le aplicaron.

Recuerda, en todo caso, que ya manifestó su voluntad, el pasado 26 de agosto de 2020, «de participación en cualquiera las diligencias que se acordaran por medio de la orden europea de investigación (Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y Ley 23/2014), no teniendo conocimiento, a la fecha, de la existencia de comisión rogatoria a Gales o tramitación de cualquier diligencia de investigación por medio de la anterior institución».