Borràs planta al Supremo y obliga al juez a pedir el suplicatorio por los 18 contratos a dedo
El instructor la había citado este viernes para informarle de su imputación; la diputada argumenta que acudir implicaría «validar las irregularidades» que se están cometiendo con ella
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha decidido plantar al Tribunal Supremo y no acudir a declarar este viernes ante el juez que le ha abierto una causa penal por las presuntas contrataciones irregulares durante su época como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Aunque su declaración era voluntaria, lo cierto es que su gesto ya obligará al Supremo a tramitar su suplicatorio para poder imputarla formalmente, pues es aforada nacional. Borràs tiene que responder ante la justicia por la presunta adjudicación a dedo a 18 contratos a un amigo durante su etapa al frente de ese organismo .
A través de su cuenta de Twitter, la investigada anunciaba anoche su decisión: «Hoy he comunicado al Tribunal Supremo que mañana no iré a declarar. Hacerlo implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año que estoy denunciando en una causa que ha vulnerado mis derechos desde el primer día», explicaba en un tuit.
El magistrado Eduardo de Porres citó a la dirigente independentista una vez estudiada la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona , que comenzó a investigar unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En su informe, favorable a que el Supremo abriera causa penal a Borràs, la Fiscalía apreció «claros y contundentes indicios de simulación documental (continuada por parte de la diputada y de su amigo) a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autencididad». La finalidad última y única de esos documentos, apuntó, «era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a Herrero y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual».
El fiscal Javier Zaragoza denuncia que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó a Herrero un total de 18 contratos menores fraccionando «de manera ilegal» en 18.000 euros la contratación de servicios que «en realidad obedecían a una misma unidad operativa o funcional» . Borràs era «perfectamente conocedora desde el inicio de su mandato de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual». El importe de los contratos adjudicados a Herrero fue de 259.863 euros , según la exposición de la que se hace eco el fiscal.
Participó en su confección
El Ministerio Público señala que la diputada «no sólo tenía conocimiento de que todos los presupuestos aportados a cada uno de los expedientes de contratación objeto de investigación eran confeccionados realmente por Isaías Herrero, aunque aparentaran ser presentados por otras personas físicas o por determinadas empresas, sino que participó en su confección, estableciendo de común acuerdo con aquel conceptos e importes adecuados para justificar la adjudicación directa o indirectamente a aquel a través de aquellas personas o entidades».
