Borràs comparece en el Supremo por 18 contratos adjudicados a dedo a un amigo
El Alto Tribunal investiga a la dirigente de JxCat por delitos de corrupción durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC)
El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado este miércoles a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás para tomarle declaración en calidad de investigada por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que presuntamente cometió durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
La citación se produce después de que el instructor de la causa recibiera a finales de junio la autorización del Congreso de los Diputados para investigar a la portavoz de JxCat, que por dicha condición es aforada ante el alto tribunal.
Borràs deberá responder por las presuntas irregularidades relativas a 18 contratos de esta institución por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.
De Porres ya citó a Borrás el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria , si bien la diputada optó por no acudir a la citación. Esta vez también ha intentado posponer su citación a la espera de una pericial, pero el instructor lo ha denegado, informa Ep.
La investigación, iniciada en el Supremo a raíz de los indicios desgranados por una juez de Manresa (Barcelona) en su exposición razonada, apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borrás que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso. Igualmente, el juez encuentra indicios de malversación y de fraude administrativo y documental.
Según el fiscal, existen indicios de que Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes. Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados , al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, «permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero».
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