La Justicia belga rechaza la entrega del independentista Lluís Puig
Señala que el Supremo no es competente, porque no ha sido diputado ni era aforado cuando se emitió la orden de detención
La justicia belga ha rechazado por tercera vez ejecutar la orden europea de detención del exconsejero de la Generalitat de Cataluña Lluís Puig alegando que el Tribunal Supremo no era el órgano jurisdiccional adecuado para solicitarla, puesto que considera que en el momento en el que esa orden de detención fue tramitada el dirigente catalán no era aforado, puesto que ya había sido cesado en virtud de la aplicación del artículo 155 . De acuerdo con esta teoría, la orden debería haber sido tramitada por un juzgado ordinario de Barcelona. La Fiscalía dispone de 24 horas para recurrir.
Esta sentencia no afecta directamente a los otros tres fugados, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, que han podido adquirir la condición de eurodiputados y que se encuentran pendientes del trámite del suplicatorio. El abogado belga de los independentistas, Paul Bekaert, ha subrayado que la sentencia de la Cámara del Consejo de Bruselas ha determinado que los jueces belgas son competentes para determinar la competencia de los jueces españoles que han emitido la orden de detención europea y que dentro de esta potestad han determinado que Puig no debía haber sido reclamado por el Supremo, porque nunca ha sido diputado ni era aforado cuando fue emitida la orden de detención. Según Bekaert, “hay un abuso por parte de España por razones políticas del mandato de detención europeo. No hay que exportar los problemas políticos españoles a otros países”.
El propio Puig celebró en una rueda de prensa en la sede de la representación de la Generalitat en Bruselas en la que afirmó que esta sentencia “dice que el Tribunal supremo no tiene competencias para pedir mi extradición y delante de la justicia europea ha quedado invalidado el juicio y los cien años de prisión” que suman las distintas sentencias dictadas contra los dirigentes independentistas. “Pedimos firmemente que se anule la causa, una causa que no debía haber empezado. El Gobierno español tiene en sus manos la opción de intervenir (ante la fiscalías) para decretar una amnistía total que pare la persecución de centenares y centenares de personas perseguidas por defender las libertades fundamentales”.
