BBVA dará acceso al juez a los correos del caso Villarejo que se negaba a aportar

La entidad pedirá que solo se incorpore al sumario aquella documentación que tenga que ver con la investigación en curso

La sede del BBVA en Madrid EFE

Daniel Caballero y Isabel Vega

Después de que el juez instructor del caso Villarejo-BBVA requiriera a PwC -autor del forensic que encargó la firma- que aportara más de 200 correos electrónicos que aún faltaban por incluir en la causa, la entidad financiera ha movido ficha. Según confirman fuentes de BBVA, el banco dará acceso al juez a toda la documentación, aunque con ciertas salvedades.

La entidad presentará en los próximos días un escrito en el Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional para ofrecer al juez tener acceso a todos los archivos aún sin aportar, a través de un expurgo. En este sentido, el BBVA solicitará que solo se sumen al sumario aquellos correos que tengan que ver con este procedimiento.

Dentro de esos 223 correos electrónicos figura documentación relativa a este caso pero también sobre otros. Sobre esos otros, para proteger los derechos de la entidad, es sobre los que el banco pedirá que no figuren en el sumario por no ser relevantes en este caso.

Esta situación es la consecuencia de la declaración como testigo perito del socio de Forensic de PwC, Javier López Andreo. Entonces, se requirió a la consultora para que en un plazo no superior a 10 días entregue los 223 correos electrónicos , entre otros archivos, como un resumen y una adenda que obran en su poder y no fueron aportados al procedimiento.

Una comparecencia con mucha tensión y que finalizó con el apercibimiento a PwC en caso de que continuara negándose a colaborar. La consultora se atenía a que el encargo de elaborar un forensic de la situación procedía de Garrigues , el bufete que representa al banco en este procedimiento y por tanto, la documentación estaba protegida por el secreto de relaciones con su cliente, por un lado; y por el derecho de defensa, por otro.

En ese momento, el juez advirtió López Andreo de que, si no se aportaba la documentación -era el propio BBVA el que le impedía en ese momento aportar los archivos-, incurriría en un delito de desobediencia.

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