Los ayuntamientos se sublevan y amenazan la aprobación del decreto de superávit
El PP lanzará mociones en todos los ayuntamientos y acudirá al TC
El polémico decreto para la incautación del superávit de los ayuntamiento corre el riesgo de no ser convalidado en el Congreso, si el Gobierno no se aviene a negociar. El texto puso ayer en pie de guerra a los alcaldes de diez grandes ayuntamientos, de distinto color político, que se reunieron telemáticamente para rechazar de forma conjunta el texto y exigir a Hacienda que modifique su redacción.
Los regidores de Madrid, Zaragoza y Murcia (PP), Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Lleida (ERC), Granada (Ciudadanos), Reus (Junts), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria) y Pontevedra (BNG) reclamaron al Ejecutivo poder utilizar su remanente sin condicionamientos y le advirtieron que no encontrará el respaldo suficiente para convalidar el decreto en el Congreso. El alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) no pudo acudir a la cita pero suscribió el documento.
Entre los máximos responsables de estas ciudades se encuentran varios socios de investidura de Pedro Sánchez como el PNV, ERC, o el BNG. El edil de Zaragoza, Jorge Azcón , explicó que «se trata de una liga de alcaldes que van a defender a sus ciudadanos sin colores políticos, sin ideologías, sin partidos». Desde esta misma posición, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV), avisó que no entregará el superávit de esta ciudad porque el nuevo decreto incumple el Concierto Económico.
Mayoría absoluta en contra
La suma de los partidos representados ayer en la reunión de regidores más Vox , que no participó porque carece de grandes alcaldías pero que está en contra del decreto, supera ampliamente los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta de la Cámara Baja.
El PSOE difícilmente puede salvar el texto con negociaciones bilaterales ya que a todos estos grupos hay que añadir la mayoría de los partidos más pequeños. Desde Foro Asturias a Bildu pasando por Navarra Suma , el Partido Regionalista de Cantabria , Nueva Canarias o la CUP manifestaron su oposición a un decreto que pone contra las cuerdas incluso a Unidas Podemos .
Los representantes de la formación morada en la FEMP se opusieron al acuerdo durante el debate y terminaron absteniéndose en la votación. El decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros crea ahora un conflicto entre los intereses de los alcaldes y la posición de los ministros de Podemos.
El texto, además, contradice las recomendaciones aprobadas por el Congreso en el marco de la Comisión para la Reconstrucción . No en vano, el uso del remanente para hacer frente a los gastos originados por el Covid-19 en los ayuntamientos fue una de las medidas consensuadas.
Turismo y autónomos
El texto acordado ayer por los regidores se opone firmemente al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y exige una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero .
Los alcaldes reclaman poder gastar su superávit en «turismo, autónomos, en otro tipo de cuestiones que no están incluidas dentro del decreto» y piden «la flexibilización de la regla de gasto de 2021».
Además, cargan contra la discriminación que supone la exclusión de los ayuntamientos sin superávit del reparto de fondos. El documento consensuado será enviado ahora a los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes para seguir ensanchando el frente común contra el decreto.
El Gobierno dispone de treinta días, hasta primeros de septiembre, para convalidar la norma en el Congreso. Si concluido este plazo no ha logrado el respaldo de la Cámara Baja, el texto decaerá y quedará derogado.
Llamamiento del PP
Paralelamente a la reunión de alcaldes, Génova dio el pistoletazo de salida a la movilización. La vicesecretaria Sectorial de los populares, Elvira Rodríguez , anunció el lanzamiento de mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo del Gobierno y la FEMP , así como la petición de reprobación del presidente de esta entidad, Abel Caballero.
La dirigente popular considera que tanto ese pacto, como el decreto posterior significan la expropiación y confiscación de los ahorros de los ayuntamientos y por ello, anunció que su grupo solicitará la comparecencia de la ministra de Hacienda en el Congreso y presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional .
«Vamos a defender los intereses de los vecinos de los 8.000 ayuntamientos, independientemente de su signo político, a los que se ha confiscado 15.000 millones de euros», advirtió. «No es justo ni #razonable quitar los ahorros a ayuntamientos y diputaciones en un momento como el que estamos viviendo», abundó.
Los populares hacen «un llamamiento a los ayuntamientos de toda España, incluidos los socialistas, para levantarse contra este atropello porque esta batalla no va de colores políticos sino en defensa de los ciudadanos», subrayaron este viernes fuentes de la dirección popular.
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