El DAO autorizó al comisario Castaño dar a Villarejo todo el tráfico de llamadas que pidiera
El «consorcio criminal» entre ambos comisarios empezó en 2005 «como mínimo», a tenor de las grabaciones
El comisario principal Enrique García Castaño , exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), reconoció abiertamente en su declaración ante el juez Diego de Egea el pasado 13 de julio que había entregado al comisario José Manuel Villarejo «todos los tráficos de llamadas que este le pedía» al estar «autorizado» para hacerlo por el director adjunto operativo (DAO), el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino . Castaño no dio su nombre, solo su cargo. Y esa autorización, que suponía en la práctica dar vía libre para que Villarejo pudiera conseguir datos de las compañías teléfonicas de cualquier persona que le interesara, se concedió pese a que el comisario ahora encarcelado no cumplía encargos oficiales.
Eso es lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción en el recurso presentado contra el alzamiento del secreto de la pieza principal de la operación Tándem , fechado el 14 de agosto. Los fiscales aseguran que entre la documentación intervenida (la que ha sido analizada hasta ahora) no aparece «rastro alguno» de que los servicios contratados y ejecutados (proyecto King, proyecto Iron, proyecto Land o proyecto Pintor, entre otros) pudieran «haber sido encomendados directa ni indirectamente por departamentos de la seguridad del Estado».
Su actividad delictiva, dicen, aparece «como un fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infec tado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que aprovechando el manto de protección» por ser comisarios y con la colaboración de otros agentes fieles se habrían convertido «en una auténtica mafia policial» . Anticorrupción asegura que su único objetivo era ganar dinero, protegidos por un alto poder de extorsión al tener acceso a informaciones e investigaciones que afectan a la seguridad del Estado. Ese acceso a datos reservados les protegía además para garantizarse la impunidad.
Grabaciones de hace 13 años
El «consorcio criminal», en palabras de la Fiscalía, entre Villarejo y García Castaño, conocido como «el Gordo» , se inicia «como mínimo» en 2005 y su actividad y, por ende, «su peligrosidad» se incrementa a medida que van ascendiendo posiciones en la Policía. Pese a que la amistad o enemistad entre ambos es mucho más antigua los investigadores fijan esa fecha porque de entonces datan las primeras grabaciones que se han hallado en el material intervenido. O para ser precisos: las conversaciones que Villarejo grabó a su «tronco», sin que este sospechara que sus tejemanejes eran registrados. La primera que se conoció fue la cita que Villarejo grabó con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la que ambos comisarios le iban a ayudar con el «problema» de su ático en Estepona. Castaño aseguró entonces a ABC que él ignoraba que la reunión había sido registrada.
El recurso describe a un «auténtico clan policial mafioso» que blanquea dinero y tiene como objetivo conseguir beneficios económicos de forma continua, influencia en la política nacional de seguridad o sobre cargos públicos, políticos, periodistas y miembros de la Administración de Justicia.
Los investigadores ven improbable que aparezca una autorización por escrito del exDAO, Eugenio Pino, a Castaño para que Villarejo tuviera vía libre en el acceso a datos telefónicos y precisan que no se trata de escuchas, sino de tráfico de llamadas, quién hablaba con quién, qué mensajes se enviaban, etc. Castaño también admitió al juez que le apodaban «Big» y con ese alias se han hallado documentos bajo el epígrafe «Gestiones Big» en relación con el proyecto Land (supuestamente encargado por Susana García-Cereceda) y Iron. En ellos aparecen los nombres y los teléfonos de todos a los que había que investigar. Castaño negó haber entregado datos telefónicos en los casos de Land y Iron.
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