La Audiencia Nacional rechaza la querella de Vox contra Zapatero por colaborar con ETA

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado admitir a trámite la querella interpuesta por Vox contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y colaboración con ETA. El instructor atiende así el criterio de la Fiscalía, que en un escrito presentado ayer informaba en contra de la admisión al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

Vox se había querellado contra Rodríguez Zapatero por, supuestamente, haber «alertado» a ETA sobre «intervenciones policiales» en suelo francés para no frustrar las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda terrorista. En concreto la querella sostenía que entre los años 2005 y 2007 el expresidente sabía que ETA estaba fabricando explosivos, y aún así mantuvo negociaciones con la misma, le proporcionó información reservada e incluso se ofreció a influir en el Estado francés. También denunciaba que informó al mediador de que Francia preparaba un importante golpe contra la banda y que, dentro de la negociación, se comprometió a no realizar detenciones.

En un auto dictado este jueves, Pedraz hace suyos los argumentos del Ministerio Público y señala que «es de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación alguna, no constituyen delito alguno».

Entre los argumentos de la Fiscalía que el juez está el hecho de que la querella se base en informaciones periodísticas, «elevando a la categoría de ciertos e incontrovertibles» los hechos que se describen, que no tienen «sustento probatorio» alguno. Explica, además, que la imputación que figura en la querella, explica la resolución, no es nueva ni por la persona contra la que se dirige ni por los hechos que se le imputan , un caso que ya llegó al Tribunal Supremo y que estableció el carácter no delictivo de las conversaciones que el poder político, como representante de la soberanía nacional puede mantener con diversas organizaciones y máxime cuando las mismas (como en el caso que nos ocupa) contaban con el aval del Parlamento de la Nación.