La Audiencia Nacional pide a Interior la orden de las repatriaciones de menores en Ceuta
En un paso previo a la admisión de un recurso que pide suspender las entregas, da 24 horas al departamento de Grande-Marlaska para informar
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dado 24 horas al Ministerio del Interior para que aporte el oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad que el pasado 10 de agosto dio luz verde a la repatriación a Marruecos de menores acogidos en Ceuta, en un paso previo a estudiar el recurso que ha presentado una ONG reclamando la suspensión cautelar urgente de las entregas.
El recurso, presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ayer, se dirigía contra la comunicación que la secretaría de Estado remitió al Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma anunciando el inicio del proceso. Está fechado el diez de agosto, no está firmado y fue aportado por la ONG a partir de la copia que divulgó un medio de comunicación.
Por eso, el primer paso de lo Contencioso ha sido requerir a Interior que aporte el original e informe sobre sus términos y le da 24 horas habida cuenta de que el recurso lo es en reclamación de medidas cautelarísimas de suspensión de las repatriaciones, según informan a ABC en fuentes jurídicas. Será después de recibir ese oficio cuando la Sala de lo Contencioso se pronunciará sobre si es competente para entender de la cuestión y si procede seguir adelante.
El oficio es el único documento oficial que consta emitido del Ministerio del Interior para promover las repatriaciones, tal y como han acreditado ya los juzgados y la Fiscalía de Menores de Ceuta, esta muy crítica además por el hecho de que esa parezca ser la única fundamentación jurídica de una medida que afecta profundamente a los derechos fundamentales de los menores.
De hecho, la ausencia de resoluciones administrativas o expedientes de repatriación para cada uno de los menores concernidos fue lo que llevó ayer al Juzgado de lo Contencioso ceutí a paralizar la expulsión de nueve de ellos a Marruecos, a la vista de que no se estarían cumpliendo los trámites previstos en la Ley de Extranjería pese a que el acuerdo con el reino alauí que faculta las entregas recoge expresamente que España, primero, debe cumplir su propia legislación.
