La Audiencia investiga a cinco ayuntamientos catalanes por apoyar la resolución de ruptura
Los concejales que votaron a favor de una moción pudieron cometer los delitos de sedición y rebelión
La Audiencia Nacional investiga a cinco ayuntamientos catalanes por apoyar la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán -que hoy ha sido anulada por el Tribunal Constitucional- por si sus concejales pudieran haber cometido los delitos de rebelión y sedición. El tribunal ha abierto la investigación a petición de la Fiscalía, quien ya pidió a todos los agentes policiales que estuvieran atentos por si había actos que ejecutaran la resolución, una vez que quedara sin efecto cuando el Constitucional la suspendiera, como sucedió el 11 de noviembre, cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno.
Los cinco municipios investigados -Seu d'Urgell, Celrá, Igualada, San Cugat del Vallés y Gerona- aprobaron mociones de apoyo a la declaración de desconexión del Parlamento catalán, razón por la que la Fiscalía considera que hay que investigarles. El ministerio fiscal argumenta, en un escrito, que «la adopción de nuevos acuerdos parlamentarios» en la misma línea que la resolución secesionista, o la realización de actos de ejecución de ese mandato ilegal, «podrían constituir no solo los delitos de rebelión o de sedición , sino también de prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones», como ya advirtió el 10 de noviembre.
Fuentes jurídicas han confirmado que los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu , titulares de los juzgados centrales numero 1 y 4 de la Audiencia Nacional respectivamente, ya han abierto diligencias por esta razón contra los municipios de Celrá y Seu D'Urgell. En el caso de los demás ayuntamientos, aun así, la apertura de la investigación es prácticamente automática al presentarse el informe de Fiscalía. El del municipio de San Cugat del Vallés ha recaído en el juez José de la Mata.
La Fiscalía solicita a los jueces que pidan «con urgencia» a los ayuntamientos una certificación «de la resolución adoptada», con la identificación de los miembros del Consistorio «que votaron a favor y en contra de la moción, informes del secretario e interventor del mismo y demás documentación obrante en el expediente». El ministerio público también pide que se requiera al comisario jefe de los Mossos d'Squadra , la policía autonómica de Cataluña, para que informe «urgentemente» sobre los hechos enunciados y sus circunstancias.
Los escritos de la Fiscalía, firmados el 26 de noviembre de 2015, recuerdan que la resolución de ruptura que aprobó el Parlamento catalán «pretende iniciar, al margen de la legalidad vigente, el proceso dirigido a conseguir la independencia del citado territorio», una declaración que es «manifiestamente ilícita, ya que tal decisión parlamentaria va encaminada a impedir, al margen de las vías legales, la aplicación de la Constitución y de las leyes vigentes en una parte del territorio nacional y a declarar de forma ilegítima la independencia».
