La Audiencia Nacional investiga al embajador español en Kabul por el atentado talibán en diciembre de 2015
El ataque provocó la muerte del subinspector Jorge García Tudela y del policía nacional Isidro Gabino Sanmartín
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga al embajador español en Kabul por el atentado talibán en la legación española en Afganistán de diciembre de 2015, en el que murieron dos españoles. El magistrado ha admitido a trámite una querella por delito de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa presentada por la familia de una de las dos víctimas mortales y algunos de los heridos.
Este atentado, un ataque contra la embajada española, tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015 y provocó la muerta del subinspector de la Policía Nacional Jorge García Tudela y del policía nacional Isidro Gabino Sanmartín . Los querellantes alegan que el embajador, Emilio Pérez de Agreda , y su segundo, Oriol Solá Pardel , no atendieron las peticiones de mayor seguridad, incluso a pesar de que los servicios secretos franceses alertaron aquella mañana del riesgo de atentado.
En el auto, el juez acuerda que se notifique la apertura de la investigación a los dos querellados y a la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio del Interior, por si quieren personarse en el proceso en defensa de los intereses del Estado desde que arranque la investigación. El objetivo es evitar que se produzca indefensión si se alcanza una declaración de responsabilidad civil , tal y como solicitan las familias de las víctimas.
Los querellantes argumentan que la embajada española en Afganistán cuenta con carencias en materia de seguridad desde su construcción en 2008 , deficiencias que fueron comunicadas al embajador y al Ministerio de Asuntos Exteriores. A pesar de las peticiones de mayor seguridad, el embajador «nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto en el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia».
El día del atentado, el 11 de diciembre de 2015, Pérez de Agreda se encontraba de vacaciones y su mano derecha, Solá Pardel, quedó como encargado y máximo responsable de la cancillería. Según la querella, Solá «tampoco respetaba ninguna medida de seguridad . Más al contrario ponían constantemente en riesgo la seguridad del edificio, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada sin avisar con tiempo a los equipos de custodia y seguridad».