La Audiencia Nacional avala la imputación de Procisa en el caso Villarejo
Las tres mercantiles en que se escindió la constructora están investigadas por cohecho continuado y revelación de secretos
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la imputación de las tres mercantiles en que se escindió la constructora Procisa - La Finca Real Estate Management, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Global Assets - por su presunta responsabilidad como personas jurídicas en los contratos de su principal administradora, Susana García Cereceda, con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En un auto al que ha tenido acceso ABC, la Sección que preside el magistrado Alfonso Guevara desestima los recursos presentados por las tres mercantiles, que aduciendo prescripción de los hechos objeto de la investigación o una incorrecta aplicación de la responsabilidad de la persona jurídica pedían la anulación del auto del juez Manuel García Castellón que el 16 de septiembre les imputó por delitos continuados de cohecho y seis delitos de revelación de secretos.
La Sala rechaza la prescripción porque corresponde al instructor o al tribunal que acabe enjuiciando los hechos observar este asunto, razón por la que desestima esta parte de los recursos. En cuanto a la imputación en sí, aprecia que es correcta, en tanto las tres sociedades son la escisión de Procisa y « mantienen y comparten en gran medida los mismos órganos de administración , ostentando una posición dominante la accionista mayoritaria Susana García Cereceda».
«El hecho de que en el consejo de administración de la apelante hayan entrado otros accionistas, manteniéndose en el consejo la persona física imputada por su actuación en Procisa, lleva a considerar como acertadamente hace el a quo, que la posible responsabilidad penal de la entidad disuelta se extiende a las tres que la suceden en activo y pasivo », dice el tribunal.
Las actuaciones se siguen en la pieza separada número 3 de la macrocausa Tándem, denominada Land, sobre los encargos que Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver y el jefe de Seguridad de la empresa David Fernández hicieron a Villarejo entre 2012 y 2014 para posicionarse en la pugna por la herencia de su padre, Luis García Cereceda y garantizar los intereses de la empresa, a cambio de 340.252 euros.
«Los indicios existentes en la presente pieza corroborarían con una extraordinaria claridad que el pago efectivamente se ejecutó de forma opaca en los términos que las partes pactaron, de manera que los acuerdos sobre la facturación que se plasman en las grabaciones incautadas concuerdan a la perfección con la simulación de los conceptos y las fechas facturadas», decía el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que motivó las imputaciones.
