La Audiencia Nacional reactiva la causa por el saqueo de PDVSA

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón , practica diligencias en la causa que sigue por el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y el posible blanqueo de los fondos en España que le vino derivada del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid: está imputado al propietario de la cadena Globovisión Raúl Gorrín .

Según informan en fuentes jurídicas, Gorrín, investigado en Estados Unidos por corrupción y blanqueo en el contexto de los sistemas de cambio de divisas en Venezuela, ha sido convocado el próximo día 26 en calidad de investigado.

Asimismo, la juez acordó citar a Cecireé Carolina Casanova , que en su momento era próxima al chavista e investigado Javier Alvarado Ochoa , ex viceministro de Energía de Venezuela y en tiempos presidente de Bariven, una fililal de PDVSA. Acude como testigo a instancias de la acusación.

En la misma jornada se llamó también al juzgado a Roberto Rincón Bravo , otro magnate venezolano investigado en la causa, que acude para la comparecencia de administración judicial de su finca «La Losilla», en la localidad de Villarejo de Salvanés, y que está bloqueada en el marco de esta investigación por su presunta relación con el blanqueo de fondos de PDVSA.

Tardón asumió la causa el pasado mes de octubre, cuando ya llevaba dos años investigándose en el Juzgado 41 de Madrid, al entender, en línea con el criterio de Fiscalía Anticorrupción, que la competencia es de la Audiencia Nacional porque el objeto son delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela y en otros países cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde residen, además, varios de los imputados.

«La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados», exponía la juez en el auto por el que asumió la competencia.