La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la querella del PP contra Tania Sánchez

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado de forma definitiva la querella por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias presentada por el PP contra la exconcejal de Rivas Tania Sánchez, actualmente diputada de Podemos en el Congreso, su padre, Raúl Sánchez, su hermano, Héctor Sánchez, y el alcalde de la localidad, Pedro del Cura, entre otros.

El Partido Popular presentó el pasado julio el recurso contra el sobreseimiento provisional del caso Aúpa, los 1,4 millones de euros en contratos públicos que recibió la cooperativa del hermano de Tania Sánchez del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, donde ella y el padre de ambos eran concejales.

Tras el archivo por parte de la titular del Juzgado número 6 de Arganda del Rey, Gladys López -notificado el pasado 6 de julio-, el PP de Rivas anunció que no recurriría, pero la dirección de Génova decidió que había que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid ante los indicios de criminalidad.

El recurso hacía hincapié en que la juez de instrucción despachó el caso, desvelado por ABC, sin apenas investigar. También resaltó que la Fiscalía ni siquiera estuvo presente en los interrogatorios de los imputados, Tania Sánchez; su padre, Raúl; su hermano, Héctor; el actual alcalde de Rivas, Pedro del Cura; y las funcionarias y exsocias de la cooperativa Aúpa María Abril Barceló y Yolanda Pérez.

La juez de Arganda archivó el caso porque consideró que la supuesta trama corrupta no había ocultado el parentesco entre contratista y concejales, pese a que durante la comisión de investigación en Rivas se puso de manifiesto lo contrario.

El entonces alcalde (los contratos se repartieron entre 2002 y 2008), José Masa -también de IU-, declaró que «no sabía» que tras Aúpa estaba Héctor Sánchez Melero y que, de haberlo sabido, habría suspendido las contrataciones. El PP quiso que fuera citado a declarar, pero la juez se negó. Según el PP, los vínculos familiares fueron «ocultados deliberadamentepor los querellados a aquellas personas que en el consistorio debían conocerlo, con el ánimo de soslayar obstáculos en la adjudicación de contratos públicos».

La ley obligaba a Tania Sánchez y a su padre a abstenerse de participar en la contratación de su hermano/hijo y a comunicar el motivo, cosa que no hicieron. La juez dio por buenos los contratos porque se votaron «por unanimidad» y con los informes favorables de los técnicos , que eran, precisamente, las funcionarias socias de la cooperativa de Héctor Sánchez.

El recurso también insistía en que Tania Sánchez formaba parte de la asociación Pecados Capitales cuando ella misma, como concejal de Cultura de Rivas, le concedió una subvención directa de 2.500 euros.