La Audiencia deja libres a tres yihadistas que «planeaban un atentado» días antes de dictar sentencia
La Fiscalía pidió inicialmente nueve años de cárcel por pertenencia a organización terrorista; al final del juicio admitió que se quedaran en cinco al plantear como alternativa una condena por adoctrinamiento
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a tres yihadistas que fueron juzgados la semana pasada por pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico. La Sección Segunda de lo Penal justifica su decisión en el estado en el que se encuentran las deliberaciones y en el tiempo que llevan privados de libertad, desde noviembre de 2015. Aunque los magistrados aclaran que este acuerdo no prejuzga el fallo, sí adelanta que con toda probabilidad no van a ser condenados a los siete años que solicitó la Fiscalía en sus conclusiones definitivas (en las provisionales pidió nueve años). De hecho, la representante del Ministerio Público llegó a asumir la posibilidad de que se les condene a entre cinco y seis años de cárcel por adoctrinamiento y la sustitución de la pena menor por la expulsión de España.
Durante la vista, l a fiscal consideró probado que la Policía tuvo que detener en 2015 a Yassin el Mourabet, Abdessadek Essalhi y Walid Oudras porque tenía indicios de que podían cometer un atentado «inminente» contra un centro de reunión de musulmanes del credo sufí (el Estado Islámico es del credo suní) en el barrio de Prosperidad de Madrid. Así se dedujo de la «deriva apocalíptica» que tomaron las conversaciones interceptadas a los tres acusados, que habían formado una red de difusión de contenidos yihadistas del Daesh y de adoctrinamiento
Durante su informe, la defensa de uno de los acusados denunció «la magnificación policial» en algunas operaciones contra el yihadismo, en las que en ocasiones, dijo, «se bordea la islamofobia por unos atentados repugnantes que rechazamos pero por los que se mete en el mismo saco a islamistas religiosos con yihadistas».
En los autos de libertad, la Audiencia obliga a los acusados a designar un domicilio a efectos de citaciones y notificaciones, les prohíbe salir del territorio nacional, les retira el pasaporte y les impone comparecencias semanales en comisaría.
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