Tribunal Supremo
El archivo del caso de un exalcalde reabre el debate sobre cuándo dejar un cargo
El Tribunal Supremo archiva la causa contra el diputado del PP Óscar Clavell
El exalcalde de la Vall d’Uixó (Castellón) Óscar Clavell estaba a punto de sentarse en el banquillo cuando en diciembre de 2015 fue elegido diputado en el Congreso y se convirtió en aforado. Esto suponía que ahora era el Supremo el que tenía que ver su causa. El Alto Tribunal la archivó ayer martes al considerar que no cometió ningún delito.
El sobreseimiento del caso reabre el debate sobre cuándo un político debe dejar el cargo que ostenta, si es suficiente una mera imputación o sería más conveniente esperar a la apertura de juicio oral, cuando se considera que los indicios contra el investigado son más sólidos. Lo cierto es que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules (Castellón) ya había dado por concluida la instrucción y había dejado la causa preparada para que Clavell fuera juzgado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales por el pago, aparentemente irregular, de 706.789 euros al servicio de limpieza del municipio del que era alcalde. Según la juez, el exregidor habría validado facturas por este importe pese a que la limpieza no se estaba desarrollando según lo contratado.
Para el Supremo la conducta de Clavell no solo no constituye delito, sino que tampoco existen indicios de que la supuesta irregularidad administrativa «se decidiera con plena conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se pudiera estar cometiendo».
Desde el PP, su vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo , celebró ayer la decisión del TS y recordó que para el partido este caso «no tenía ningún recorrido». Maillo dijo que, el pasado agosto, en plenas negociaciones con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, el PP «convenció» a la formación naranja de que no era un asunto de corrupción y que, por tanto, «no tenía recorrido» y el diputado «no debía dimitir». «Y yo me alegro porque creo que acertamos», añadió Maillo.
El propio Clavell, a través de un comunicado, dejó claro que su decisión fue siempre «defender por encima de todo los intereses generales» de su ciudad y sus ciudadanos. Argumentó que pagó las facturas para que a más de 40 familias que trabajaban en Secopsa y que llevaban seis meses sin cobrar «se les ingresara su nómina» y para evitar una huelga «en plena época navideña».
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