Pere Aragonès ensaya un frente común independentista en Madrid tras perder la confianza en Pedro Sánchez

El 'president' amaga con retirar su apoyo al Gobierno si no se investiga el presunto espionaje a los separatistas

Podemos despeja la responsabilidad a la etapa del PP al frente del Ejecutivo, pero exige al PSOE «acabar con la herencia»

El 'president' Pere Aragonès, en el Congreso, con diputados afectados por el presunto espionaje Jaime García | Vídeo: EP
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

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El independentismo ha encontrado en el presunto espionaje que supuestamente han sufrido decenas de sus dirigentes la excusa que necesitaba para volver a abrazarse y ensayar el primer frente común en mucho tiempo. Las heridas abiertas en el espacio separatista por las divergencias a la hora de encarar la etapa posterior al 'procés' parecen ahora menores. De nuevo hallan en el Estado un enemigo común y, ahora, exigen explicaciones al PSOE ante la investigación del laboratorio canadiense Citizen Lab , que asegura que los teléfonos de al menos 65 líderes secesionistas fueron intervenidos entre 2017 y 2020.

El presidente de la Generalitat de Cataluña , Pere Aragonès , ha encabezado una ronda de reuniones este jueves en Madrid, en el Congreso de los Diputados , para abordar de manera conjunta la forma de actuar dentro del independentismo. Aunque los matices han seguido apreciándose entre partidos que están dispuestos a reconstruir la confianza perdida con el Gobierno si les convencen las explicaciones ( ERC y PDECat ) y otros con posiciones más rupturistas ( Junts y la CUP ), todos han coincidido en que al menos de primeras las relaciones con el Ejecutivo no pueden continuar como estaban.

Aragonès, uno de los muchos dirigentes supuestamente espiados con el 'malware' Pegasus , que solo se vende a gobiernos, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que ERC no le podrá seguir respaldando en el Congreso si no se cumplen tres condiciones: que el Ejecutivo investigue internamente, con supervisión externa, lo ocurrido; que salga adelante la comisión de investigación registrada por diez partidos en la Cámara Baja; y que se asuman responsabilidades políticas ante «el peor escándalo de espionaje de la democracia».

El presidente autonómico catalán ha hecho estas declaraciones a las puertas del Congreso, tras reunirse primero con diputados de las formaciones afectadas (ERC, EH Bildu , Junts, PDECat y la CUP) y, después, con el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos , Jaume Asens , y su portavoz, Pablo Echenique . También ha mantenido una conversación con el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban .

Para el jefe del Ejecutivo autonómico catalán, es «imprescindible» que se constituya la comisión de investigación registrada este miércoles en el Congreso, aunque 'a priori' presenta pocas opciones de prosperar dadas las primeras reacciones de ministros socialistas y la segura oposición de los partidos de la derecha y del centro-derecha. Ante esa realidad, Aragonès les ha instado a pensar qué harían si el afectado, en vez de ser el presidente de la Generalitat, fuese el de la Xunta de Galicia.

«La confianza es cero»

«El solo paso del tiempo no va a ser la fórmula que el presidente del Gobierno pueda tomar para este asunto. Necesitamos explicaciones, las necesitamos ya y alguien debe asumir responsabilidades», ha avisado Aragonès, ya con dirección al presidente Sánchez, a quien le ha añadido: «En una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar. En estos momentos esa confianza es cero. Y es cero porque si has sido espiado, no puede haber una relación de confianza. Por tanto, es imprescindible que se restaure el juego limpio y que se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. Si esta mínima confianza no se puede restablecer, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política».

Antes de Aragonès, han desfilado por la sala de prensa del Congreso los diputados Ferran Bel (PDECat), Míriam Nogueras (Junts), Mireia Vehí y Albert Botran (estos dos últimos de la CUP). Todos han tildado de gravísimas las informaciones desveladas este lunes por 'El País' y el semanario estadounidense 'New Yorker' y han subrayado que esto no se dejará pasar «como si nada». «Si el Gobierno se pone de perfil, es obvio que la situación no puede seguir como la que teníamos», ha afirmado Bel, aunque también ha dicho que su partido no votará «no a todo» por norma y que el real decreto ley que llegará al Congreso sobre las medidas urgentes por la guerra en Ucrania «no peligra».

¿También en 2021?

«Si hay una autorización judicial [para la intervención de los móviles de independentistas], debe aparecer; si no, el responsable es el Gobierno y el Estado», ha concluido Bel. Nogueras, mucho más dura y con su beligerancia habitual, ha ampliado el foco de sospecha sobre el periodo denunciado. Si la investigación de la Universidad de Toronto limitaba el espionaje entre 2017 y 2020, Nogueras ha asegurado que el año pasado, en 2021, la llamada de «una voz amiga» le advirtió de que su terminal estaba intervenido.

«No hay confianza», ha continuado la diputada próxima al prófugo Carles Puigdemont , en el Gobierno de España , «supuestamente progresista», al que ha instado a actuar si no quiere ser señalado como «cómplice» de la invasión de la privacidad de la «disidencia política». Nogueras ha hablado sin tapujos de «persecución ideológica» y ha insistido: «Creo que [el espionaje] va más allá del 20».

Por la CUP han intervenido de forma conjunta Vehí y Botran, y han asegurado que «el escándalo» es «de dimensiones mucho mayores» de las que se cree. «Se están poniendo a la altura de países como Hungría y Polonia », ha expresado Botran, quien ha exigido medidas inmediatas. Para Vehí, el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI ) tienen «una responsabilidad directa», basándose en las palabras de la ministra Margarita Robles , quien no ofreció información porque dijo que era «secreta», y eso le ha bastado a la diputada independentista para señalar directamente a Sánchez, quien, «con la ley en la mano», debe recibir informes de los servicios de inteligencia.

Vehí también ha tenido sendos mensajes para ERC, a quien ha pedido que no siga «con normalidad» con la llamada mesa de diálogo , y para Unidas Podemos, a quien ha otorgado la «responsabilidad democrática» de esclarecer qué ha pasado.

Podemos, con el separatismo

Desde Unidas Podemos también han comparecido en el patio del Congreso Asens y Echenique, después de reunirse con Aragonès, y han elevado el pulso que abrieron este miércoles al PSOE al estampar su firma en la petición de una comisión de investigación que esclarezca los hechos. «Acabamos de tener la reunión y salimos más preocupados aún que antes», ha admitido Echenique, ante «un escándalo de espionaje masivo» por motivos «políticos e ideológicos». Para el portavoz de Podemos solo caben dos opciones: que se hiciese de forma ilegal, en cuyo caso, como dijo ya el martes, deben «rodar cabezas» ; o que haya habido cobertura legal, ante lo que se debería «pedir perdón» y «garantizar» que nunca más volverá a suceder un episodio así.

Asens ha elevado el caso al «espionaje masivo de mayor envergadura en la Europa Occidental contemporánea» y ha aseverado que existen «pruebas evidentes y suficientes» como para que se ofrezcan «respuestas más claras» desde el Gobierno. Eso sí, el dirigente catalán ha despejado la responsabilidad del actual Ejecutivo al PP porque la tecnología empleada se compró «durante el mandato de Jorge Fernández Díaz » al frente del Ministerio del Interior . En la reunión con Aragonès, según Asens, le han trasladado que romper las relaciones parlamentarias sería «lo que quieren las cloacas del Estado». Eso sí, ha añadido destino al PSOE: «Nos tenemos que comprometer a acabar con la herencia del PP».

Mertxe Aizpurua , de Bildu, también ha avisado al Gobierno de que su «inacción» puede tener consecuencias políticas, aunque ha dicho que está a tiempo de reconducir la situación. Aizpurua ha criticado también que el Ejecutivo se ampare en la comisión de secretos oficiales para no ofrecer explicaciones cuando esta no está constituida «por culpa de los vetos que impone la derecha española a EH Bildu y a ERC».

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