La antigua cúpula de la Policía Local de Palma irá a juicio por el presunto amaño de unas oposiciones
El nuevo caso de corrupción que ahora será dilucidado en los tribunales corresponde a una de las piezas separadas de que consta el caso Cursach
Uno de los dos instructores actuales del denominado caso Cursach , el juez Enrique Morell , ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra una parte de la antigua cúpula de la Policía Local de Palma, por el presunto amaño de unas oposiciones en 2012 en el citado cuerpo policial. Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo, siete en total, se encuentran el exdirector general de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma Enrique Calvo (PP) y el exjefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera , que serán juzgados como presuntos autores de sendos delitos de revelación de secretos y prevaricación.
Cabe recordar que los orígenes de la macrocausa conocida hoy como el caso Cursach se remontan a 2013 . La juez Carmen González empezó a investigar entonces sendas posibles tramas de corrupción, una en el seno de la Policía Local de Palma y otra en el seno de la Policía Local de Calviá , que aparentemente no tenían ninguna vinculación entre sí. En el caso de Palma, se investigaban las citadas oposiciones supuestamente amañadas, mientras que en el caso de Calviá se investigaban presuntos sobornos a policías municipales. A partir de esas indagaciones iniciales en Palma y en Calviá, empezó a vislumbrarse ya en 2015 la posibilidad de que esas dos supuestas tramas de corrupción pudieran tener varias posibles derivaciones inicialmente no contempladas. En aquellas fechas, hace un lustro, González fue sustituida en la instrucción de esas dos causas por el juez Manuel Penalva, tras haber solicitado dicha magistrada el traslado a la Audiencia Provincial de Baleares.
El juez Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán llegaron poco después a la conclusión de que desde hacía décadas existía en Mallorca una vasta trama de corrupción policial, política y empresarial , cuyo supuesto impulsor habría sido el magnate isleño Tolo Cursach. Según esa hipótesis, el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos del PP y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.
En ese contexto, cabe recordar que Penalva sería finalmente apartado del caso en 2018 y que Subirán lo sería un año después, esencialmente por posibles deficiencias en la instrucción. El sustituto de Penalva al frente del caso Cursach pasó a ser entonces el juez Miquel Florit, quien en 2019 se vio también obligado a dejar la macrocausa, por su imputación en el llamado caso Móviles. En dicho caso se investigó la decisión del juez Florit de haber ordenado incautar los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían el caso Cursach. Florit fue juzgado y finalmente absuelto en marzo de este año. En la actualidad, se ocupan de la instrucción del caso Cursach el ya citado juez Morell y el magistrado Antoni Garcías . Debido a su gran complejidad, esta macrocausa cuenta desde hace ya varios años con diversas piezas separadas.
Una denuncia anónima
Como se ha indicado, el juez Morell ha decretado ahora la apertura de juicio oral contra una parte de la antigua cúpula de la Policía Local de Palma, por el presunto amaño de unas oposiciones en 2012 en el citado cuerpo policial. Además del exjefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera y del exdirector general de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma Enrique Calvo, deberán sentarse también en el banquillo el excomisario Rafael Estarellas y los agentes Daniel Montesinos, Tomás Mas, Santiago Adrover y Emilio Quetglas .
Los orígenes de este proceso se remontan, como se ha señalado ya, a 2013. Hace siete años, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación después de que fuera recibida una denuncia anónima alertando de un presunto amaño en las oposiciones realizadas en 2012 en la Policía Local de Palma para poder acceder al grado de inspector. Supuestamente, uno o varios responsables de la Policía Local habrían filtrado el contenido de las pruebas escritas a algunos agentes. En aquellas fechas el alcalde de la capital balear era el popular Mateo Isern, a quien en ningún momento se vinculó con esta presunta trama de corrupción. A raíz de las primeras indagaciones sobre este caso, en septiembre de 2013 Calvo presentó su dimisión como director general de Seguridad Ciudadana y Vera renunció a su vez a su cargo como jefe de la Policía Local de Palma.
El magistrado considera ahora al exjefe policial Vera y al excomisario Estarellas presuntos autores de los delitos de omisión de perseguir delitos, revelación de secretos y prevaricación administrativa. Los dos últimos delitos indicados son los que se atribuyen también al excargo político Calvo. Por último, los policías Montesinos, Mas y Adrover serían presuntos autores de un delito de revelación de secretos, mientras que al agente Quetglas se le imputa un delito de omisión de perseguir delitos. En el auto hecho público este lunes, el juez también ha decidido, por otra parte, retirar la imputación a un total de 29 investigados en este mismo proceso.
La decisión tomada ahora por el juez Morell ha trascendido días después de que el propio magistrado hubiera dictado una resolución vinculada al ya mencionado caso de presunta corrupción policial en Calviá que se empezó a investigar también en 2013. En concreto, Morell dictó el pasado viernes un auto de apertura de juicio oral contra dos inspectores de la Policía Local que estuvieron destinados tiempo atrás en el citado municipio mallorquín, José Antonio Navarro y Antonio Ledesma. El magistrado les atribuyó en su auto, entre otros delitos, el de «actividades prohibidas», ya que con independencia de su labor como policías, ambos agentes habrían asesorado como gestores administrativos a diversos empresarios del sector del ocio nocturno de Calviá. Morell ve aquí indicios generales de presunta coacción, compra y extorsión.
Noticias relacionadas
