Anticorrupción da por terminada la investigación de dos piezas del caso Villarejo: Iron y Land
El espionaje a un bufete de abogados y entre miembros de una familia por una herencia serán las primeras por las que se acuse al comisario en la causa Tándem
La Fiscalía pide el archivo de actuaciones para varios policías señalados por proporcionar datos privados de terceros al clan
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ponga fin a la investigación de dos de las 25 piezas abiertas de la macrocausa Tándem, las denominadas «Iron» y «Land», las primeras que tocarán a su fin en el caso que investiga los ilícitos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, según los escritos del Ministerio Público a los que ha tenido acceso ABC.
Así, apenas dos años de investigación ambas ramas de la causa están listas para pasar a procedimiento abreviado, que equivale a la fase de procesamiento en las causas con sumario, es decir, el paso previo a la apertura de juicio oral. Una vez el juez Manuel García Castellón lo acuerde, serán así estas dos piezas, que fueron la segunda y la tercera en incoarse, las que abran plaza contra Villarejo.
«Iron» se centra en el encargo que recibió el comisario del bufete de abogados Herrero&Asociados. Se trataba de averiguar si un despacho de la competencia, Balder IP, fundado en 2012 por varios de sus otrora trabajadores, le había sustraído sus bases de datos para robarles clientes. Por el camino, se fraguó incluso un ataque informático, aunque no consta que se llegara a ejecutar.
El precio, medio millón de euros de los que se abonaron 302.500 de forma "opaca" entre agosto y septiembre de 2013, de acuerdo al escrito de Anticorrupción, en el que se imputa a los investigados el haber creado "ex profeso" facturas "para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios”.
Clientes y policías
En esta pieza se cuentan 14 investigados, entre los que figuran además de Villarejo, su socio Rafael Redondo y su mujer Gemma Alcalá , entre otros colaboradores; los socios del bufete Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez; la directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno, el responsable de marcas a nivel nacional Mario Carpintero y la propia persona jurídica Herrero & Asociados. Los delitos, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Para nutrir el encargo, Villarejo habría incluido "el acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder, así como a datos de carácter personal y patrimonial " de sus fundadores, de dos de sus trabajadores y de un socio de Herrero y Asociados y su esposa “sin que conste que accedieran a sus tráficos de llamadas ni a su servidor informático como también habrían pretendido”.
Pide el archivo para tres policías imputados
“Para su obtención se habrían abonado dádivas a funcionarios públicos que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado", dice el escrito de Anticorrupción, que sitúa como beneficiario de las mismas al comisario Principal entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, Enrique García Castaño, "miembro integrante de la organización criminal".
Él siempre ha negado tráfico alguno de información, como también haber realizado este tipo de labores para Villarejo, que tenía anotaciones con "gestiones" que supuestamente le encomendaba. Fuentes de su defensa avanzan la intención de recurrir si se acuerda el pase a procedimiento abreviado, dado que entienden que aún quedan diligencias por practicar y entre ellas, una investigación del inspector Constancio Riaño, otro de los policías imputados en esta pieza al que Anticorrupción sitúa en la órbita de los que recibieron algún tipo de dádiva por sus servicios.
Figuran asimismo el subinspector Javier Fernández Perez, el funcionario de la AEAT Antonio Chaparro, si bien la Fiscalía indica la existencia de "otros colaboradores de CENYT en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras no suficientemente identificados".
En cuanto a los policías, Anticorrupción expone que no se puede continuar el procedimiento contra tres de los imputados, M anuel Novoa, José María Serrano Ydígoras y Juan José Díez Álvarez, "ya que si bien constaría acreditado que hicieron entrega de datos reservados de algunos perjudicados a sus superiores jerárquicos de la UCAO, tras recibir la orden de éstos (...) no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso".
De entidades financieras, constaba en esta pieza de la causa César Bilbao, trabajador del BBVA, pues "consta acreditado que habría facilitado datos bancarios de carácter reservado tras solicitud cursada desde la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía". Sin embargo, se pide el archivo porque no existen "suficientes elementos para sostener que lo hiciera a cambio de dádiva o conociendo el carácter ilícito del motivo de la solicitud". También se insta el sobreseimiento para Antonio Serrano, el informático señalado por el ataque a los servidores de Balder, en tanto que no se llegó a acometer.
La "capacidad de influencia" de Villarejo
Con los datos, se presentaría una denuncia de Herrero&Asociados contra Balder IP por presunta sustracción de información ante la Brigada de Seguridad Informática de la Comisaría General de Policía Judicial, en la que según Anticorrupción, Villarejo "tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses con la finalidad de que los denunciados fueran detenidos" y "se diera repercusión mediática a dicha actuación policial" para "destruir su reputación como despacho". Finalmente, no se les detuvo. Fueron imputados y después, se sobreseyó el caso.
Además de facturas y correos electrónicos, esta parte de la causa cuenta con una batería de audios en los que se puede escuchar al comisario explicando a sus «clientes» que hay gente a la que hay que «untar» para acceder a ese tipo de datos privados, como de Hacienda. «Tú sabes que esto es más ilegal que una patata», llega a decir en una de las conversaciones.
Sin embargo, el anterior instructor de la causa, Diego De Egea, optó en 2018 por archivar las actuaciones. No veía delito, sino un "una conducta que quizás excede de la diligencia propia de un despacho de abogados" justificada por la situación que vivía ante la posible fuga de información. Anticorrupción recurrió y en febrero de 2019, la Sala de lo Penal revocó la decisión del juez, que para entonces ya había dejado su puesto como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 alegando motivos personales.
Land, la «pieza rosa»
Por otra parte, se pide el cierre de las pesquisas de «Land», considerada «la pieza rosa» del caso Villarejo y que tiene a siete personas imputadas. En este caso, los investigados son junto al comisario, su mujer y Rafael Redondo, los administradores de Procisa, la constructora que fundó el fallecido Luis García Cereceda, célebre por la urbanización de lujo en Madrid llamada «La Finca», así como las tres mercantiles en las que la compañía se escindiría después.
En concreto, la investigación apunta a que Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver, su jefe de Seguridad, David Fernández, incurrieron en presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos al contratar a Villarejo en la pugna por la herencia. El proyecto arrancó en 2013, se desarrolló durante tres fases y le reportó 340.252 euros.
Entre sus «tareas», monitorizar a Jaime Ostos Alcalá, marido de la otra gran heredera de Procisa, Yolanda García Cereceda, e hijo del célebre torero. Se trataba de «conocer sus 'debilidades/irregularidades'» para después «rentabilizar la información» obtenida, así como «generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa ». El objetivo, manipular a su esposa.
No fue el único sometido a espionaje para una «intoxicación» informativa posterior. El conocido como 'arquitecto de los famosos', Joaquín Torres, amigo íntimo de Luis García Cereceda, figura en la causa como perjudicado, igual que la viuda del empresario, Silvia Gómez Cuétara, también víctima de escuchas y seguimientos.
En este caso, está también entre las víctimas el director de la agencia de investigación Método 3 porque precisamente, un informe que elaboró para Gómez Cuétara acabó entre los archivos del comisario Villarejo incorporado al proyecto Land.
