La Operación Kitchen para espiar a Bárcenas salpica ya a Fernández Díaz y a Cospedal
Anticorrupción solicita declarar a ambos, así como al marido de la exsecretaria general del PP, Ignacio López del Hierro
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que cite como investigados a los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz y de Defensa María Dolores de Cospedal, así como al marido de esta, el empresario Ignacio López del Hierro, en la pieza separada del caso Villarejo que investiga el espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas, la Operación Kitchen, según informan a ABC en fuentes jurídicas.
Se trata de la pieza separada y aún secreta número 7 de esta macrocausa que se sigue por un operativo policial que se habría desplegado sin tutela judicial para sustraer a Bárcenas documentación sensible del partido a partir del año 2013, en plena investigación de la supuesta financiación irregular del PP. La petición de la Fiscalía, que aún no ha resuelto el juez, supone un salto cualitativo en las pesquisas que, hasta ahora, han señalado a más de una decena de funcionarios de la Policía, incluido al ex director adjunto operativo Eugenio Pino, y sólo a un cargo político, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, pendiente de declarar.
Precisamente, la imputación trae cuenta, de acuerdo a las mismas fuentes, de una de las últimas diligencias practicadas en esta pieza, la orden de entrada y registro en casa de Martínez, que vendría a apuntar que Fernández Díaz estaba al tanto de aquel operativo presuntamente ilegal.
Martínez, pendiente de declarar
Martínez fue imputado después de que el exjefe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, apuntase y avalase con testigos que adquirió con fondos reservados un ordenador portátil para poder mostrarle el contenido de dos teléfonos móviles clonados a Bárcenas, entre otros frutos de aquella investigación. En un primer momento, se acogió a su derecho a guardar silencio, pero después comunicó al juzgado su intención de declarar si obtenía dispensa del Consejo de Ministros, dado que este tipo de operaciones policiales son materia reservada. Recabado el permiso, anunció que sólo declararía cuando se hubiese levantado el secreto de actuaciones. La última prórroga del velo vence el próximo lunes, 7 de septiembre.
Antes, Anticorrupción da este paso que apunta directamente a la cúpula de Interior pero también a la del Partido Popular, pues Dolores de Cospedal era la secretaria general en aquella época. En su caso, el vínculo con Kitchen llega de la mano de Andrés Gómez Gordo, un comisario que estuvo a sus órdenes cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha y al que la investigación sitúa como la persona que captó al principal confidente -que no el único- de esta trama: el chófer de Bárcenas, Sergío Ríos.
No obstante, constan varios audios grabados por Villarejo en los que participan ella y López del Hierro, que mantenía relación con el comisario. Hablan del tesorero y de la situación en el PP y, en este contexto, el marido de Cospedal llega a ofrecer al polémico policía la posibilidad de hacer «algún trabajo puntual» , según el material publicado por «El Confidencial».
En el caso de Fernández Díaz, la imputación viene a cuenta de que se presume que Francisco Martínez le tenía al tanto de las averiguaciones. La petición de imputación lo es por delitos de malversación, además de revelación de secretos, entre otros.
Kitchen es una de las piezas más complicadas del caso Villarejo y la única hasta la fecha que afecta directamente a los fondos públicos, dado que la parte troncal de las pesquisas versa sobre las actividades privadas que, siendo policía, desempeñaba el polémico comisario.
De acuerdo a la investigación, en un esfuerzo concertado, mandos policiales consiguieron mediante seguimientos, pagos a confidentes y colaboradores e incluso de allanamientos, -un hombre vestido de cura retuvo a punta de pistola a la mujer, el hijo y la asistenta de Bárcenas para conseguir papeles-, recabar «documentos y archivos de audio que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular» y que estaban en poder de su tesorero.
