Los altos funcionarios se quejan del enchufismo en los puestos de directores generales

Hace poco más de una semana, Mikel Arana,  fue nombrado nuevo director general del Juego dependiente del ministerio de Consumo, en manos del ex dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón.  A Mikel no se le conoce ni experiencia ni formación en el sector pero si fue coordinador de Izquierda Unida en el País Vasco. El caso es que él,  además de otros 23 directores más han sido elegidos por sus respectivos ministros  sin cumplir el requisito que marca Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 66.6 exige que sean funcionarios del subgrupo A1. Son  los mejor preparados  del Estado,  pero echa la ley hecha la trampa. Así también ese artículo 66 de esa ley señala la salvedad de que si no se encuentran candidatos de ese nivel A1 podrán nombrarse excepcionalmente personas incluso ajenas a la condición pública  ("en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional", señala.)  Actualmente entre el más de un centenar largo de direcciones generales existentes,  al menos 24  han sido nombrados "a dedo" y hay 2 más  están pendientes. La pregunta es clara,  ¿entre los 15.000 funcionarios del tipo A1, los que han superado la oposición más dura de la administración,  no encontraron candidatos?  Por eso, Fedeca, (Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) ha impugnado al Supremo esos nombramientos porque no están suficientemente justificados. Como nos señala Jordi Solé "el hecho de que no sean funcionarios tiene un coste. Falta de independencia porque harán lo que les diga el político que les colocó allí sin atender a cuestiones técnicas y luego tiene un coste económico muy alto porque las decisiones estarán en manos de gente que al menos objetivamente no tenían la preparación exigida". Este miércoles,  tres diputados de Ciudadanos ha preguntado por estos nombramientos en el Congreso. Además, se refieren a los seis decretos aprobados el 28 de abril por el Consejo de Ministros para reorganizar la estructura de varios ministerios y crear otras  once nuevas direcciones generales, una nueva dirección general y una división. Otra de las instituciones que denuncia también este tipo de prácticas es la fundación "Hay Derecho".  Recientemente realizaron un estudio "sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables del sector público estatal y autoridades independientes" que ponía sobre la mesa la falta de méritos objetivos en las direcciones de entidades públicas, que no forman parte propiamente del Gobierno. Porque aunque los directores generales sean una pequeña parte pero importantísima  de la administración central todavía falta por saber, si crece nuestro nivel de transparencia, que encontraríamos en las más 19000 entidades públicas repartidas por  toda España.  -Redacción-