Yo acuso o la fuerza de la verdad
Los fiscales sostienen el delito de rebelión tras una inspirada defensa del Estado de Derecho
Fue Émile Zola el que afirmó que por mucho que se quiera enterrar la verdad, más tarde o más temprano emerge a la superficie. El 13 de enero de 1898 el escritor francés dirigió una carta abierta al presidente de la República, Félix Faure, en la que proclamaba la inocencia del capitán Alfred Dreyfus y denunciaba a la cúpula del Ejército por utilizar un falso patriotismo y exaltar una idea de la nación para demonizar a sus adversarios políticos.
El texto, publicado por el periódico «L’Aurore», iba encabezado por un título a toda plana que ha pasado a la historia: «Yo acuso». Erigiéndose en fiscal, Zola arremetía contra la campaña antisemita de la derecha liderada por Maurras y un grupo de generales empeñados en ocultar los hechos tras una montaña de falsedades.
El escritor fue difamado y amenazado y tuvo que sufrir un proceso judicial que le obligó a exiliarse. Pero jamás renegó de la verdad que, un año después, salió a la luz. Y la persecución que sufrió sólo sirvió para reforzar su implacable alegato contra los peligros de un nacionalismo exacerbado que no desdeñaba el recurso a los sentimientos y la manipulación.
«Es un crimen envenenar a los pequeños y los humildes, exasperar las pasiones y la intolerancia al aprovecharse de un odioso ansimetismo», subrayaba Zola en su artículo. Si se sustituye la expresión «antisemitismo» por «nacionalismo», esas palabras podrían haber sido escritas hoy.
El padre del naturalismo arremetía contra «el pretexto mentiroso de la razón de Estado» para denunciar a «quienes se esconden detrás de las emociones» con el objetivo de utilizar las leyes a su favor y expulsar de la política a quienes no comulgaban con su sesgada visión del patriotismo.
El inspirado discurso de Javier Zaragoza recordó ayer en muchos pasajes al «Yo acuso» de Zola, cuando -mutatis mutandis- señaló a los líderes del procés como los instigadores de una gran campaña de manipulación para arrastrar a las masas a «un golpe de Estado», urdido desde las instituciones que administraban.
De «ejercicio de cinismo» calificó el intento del independentismo de culpabilizar a quienes trataron de impedir la consulta y se negaron a negociar un derecho a la autodeterminación que no está reconocido jurídicamente en ningún código.
Zaragoza se empleó a fondo para justificar el delito de rebelión tras establecer una clara distinción con el de sedición. Éste apunta a la alteración del orden público mientras que la rebelión comporta la voluntad de destruir el orden constitucional.
Esta tesis fue remachada por el fiscal Fidel Cadena, que, con una intervención de altísimo nivel técnico, subrayó que la rebelión no necesita el uso de las armas sino una coerción violenta que se dio en el procés.
Cadena sostuvo que hubo «un dolo directo» en Junqueras y sus colegas porque instigaron a una insurrección con el propósito de desobedecer las resoluciones del Constitucional y culminar el proceso de independencia.
Previamente, Consuelo Madrigal había diseccionado el delito de malversación que se produjo al disponer de recursos públicos para promocionar y organizar la consulta del 1 de octubre. Si en algunas sesiones, la fiscal había estado dubitativa, ayer se mostró convincente y contundente. Lo mismo se puede decir de la intervención de Jaime Moreno, que no escatimó referencias jurídicas para demostrar que hubo una violencia instigada desde la Generalitat. Los cuatro fiscales rayaron a gran altura sin eludir la claridad en el lenguaje y la personalización de las responsabilidades penales, situando a la cabeza a Oriol Junqueras para el que solicitan 25 años de cárcel.
Tal y como es habitual, el líder de ERC permaneció impertérrito al escuchar las acusaciones mientras tomaba notas con un bolígrafo en una libreta. En cambio, Carme Forcadell movía la cabeza con el propósito de dejar claro su rechazo a las imputaciones de los fiscales.
El próximo martes será el turno de los abogados para contradecir los argumentos de la Fiscalía, que en este procedimiento ha encarnado no ya sólo los intereses del Estado sino, sobre todo, la defensa de la democracia y la soberanía nacional.
En nombre de la luz y de la humanidad, Zola terminaba su «Yo acuso» apuntando a las personas que habían participado en el montaje contra Dreyfus, denunciando a generales como Mercier y Billot por haberse hecho cómplices de la mentira, desvelando la falsedad de las pruebas periciales y desenmascarando a los jueces militares que habían prevaricado.
Salvando las distancias históricas, el juez Llarena, el fiscal Zaragoza y sus compañeros y los magistrados del Supremo han asumido el papel de Zola al no cejar en su empeño de sentar en el banquillo a unos líderes políticos que utilizaron su poder para intentar destruir el orden constitucional que tenían el deber de proteger en nombre de un pretendido Volkgeist identitario.
Nunca han contado con el apoyo del Gobierno de Rajoy ni con el de Sánchez, que, aunque no han puesto palos en la rueda, hubieran preferido que la Justicia hiciera la vista gorda o fuera más benevola con el independentismo. A pesar de ello, los jueces y los fiscales, al igual que Zola, también han tenido que sufrir una campaña de difamación que ha intentado presentarles como sicarios del poder.
Pero las sólidas raíces de la verdad acabarán por aflorar. Las palabras de Zola valen para ellos: «No conozco a las personas que acuso, ni tengo rencor contra ellas. Son para mí espíritus errados. Y lo que estoy diciendo sólo es una forma de acelerar la eclosión de la verdad y la justicia». Que así sea.
