La Abogacía del Estado rechaza «cualquier tipo de injerencia» en su pronunciamiento sobre Junqueras

Así lo ha expresado la Asociación en un comunicado realizado en el día de hoy

ABC/EP

La Asociación de Abogados del Estado ha realizado hoy un comunicado en el que reafirma su independencia y rechaza cualquier tipo de injerencia o presión exterior. «Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado. Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une», se expresa en el comunicado.

La Abogacía del Estado está pendiente de pronunciarse sobre la inmunidad del político preso y líder de ERC Oriol Junqueras . Algo que ocurrirá, como tarde, el día 2 de enero. Según pudo saber recientemente ABC , la Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Supremo la liberación del exvicepresidente de la Generalitat para que pueda acudir al Parlamento Europeo a recoger su acta de diputado.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo. Debido a ello, el político gozaba «desde ese mismo momento» de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio.

La corte con sede en Luxemburgo deja, no obstante, en manos del Tribunal Supremo español «apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza» Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

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