La Abogacía del Estado pide el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que solicita el archivo de la investigación abierta sobre el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, imputado por un presunto delito de prevaricación al no haber impedido la celebración de concentraciones masivas como las del Día de la Mujer, el 8 de marzo, pese al avance del coronavirus.

Conforme detalla una providencia a la que tuvo acceso ABC, la instructora Carmen Rodríguez Medel ha dado traslado a la Fiscalía y la acusación que ejerce el particular que interpuso la primera querella para que se pronuncien sobre los dos movimientos que han hecho los servicios jurídicos del Estado en esta causa.

Por un lado, la Abogacía presentó un recurso de apelación contra el auto que el 23 de marzo admitió a trámite la querella y dirigió las actuaciones contra José Manuel Franco por presuntos delitos de lesiones por imprudencia y prevaricación.

Por otro lado, el 24 de abril presentó un escrito interponiendo recurso de reforma contra la siguiente decisión de la instructora , fechada apenas unos días antes, en la que rebajaba la imputación a un presunto delito de prevaricación tras un informe pericial forense según el cual, no había relación causa efecto entre la permisividad de manifestaciones y los contagios.

De acuerdo al contenido de aquel informe, adelantado por El Español, «es cierto y seguro» que de haberse prohibido la celebración de actos multitudinarios como el 8M, los partidos de liga o la reunión del partido VOX en Vistalegre, «se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad» pero «no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar», como el «transporte público».

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, para la Abogacía no existe razón de mantener la imputación del delegado del Gobierno , por lo que solicita a la juez que archive las actuaciones. La Fiscalía y la acusación popular constituida por el denunciante inicial tienen de plazo cinco días para pronunciarse. En paralelo, otro abogado ha intentado acceder como acusación al procedimiento, pero aún está pendiente de formalizar el trámite y que la juez decida si se admite o no su pretensión.

No obstante, el margen en todos los casos empieza a computar cuando se levante el estado de alarma , dado que el reloj de los plazos procesales está en suspenso mientras tanto. De hecho, la Fiscalía no ha informado ninguna de las decisiones adoptadas por la instructora hasta la fecha, de acuerdo a las fuentes consultadas.