La Abogacía denuncia a Delgado por no pagar la defensa de oficio

Otro colectivo se ha puesto en pie de guerra contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado . Si el pasado año jueces y fiscales fueron a la huelga para pedir más medios y respeto a su independencia, en esta ocasión es el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el que ha anunciado que la llevará a los Tribunales ante su decisión unilateral de no pagar (con efectos retroactivos desde octubre) a los letrados de oficio a cuyos clientes no se reconoce posteriormente la asistencia jurídica gratuita. El anuncio de Delgado, este mismo mes de diciembre, rompe con lo que durante los últimos 40 años viene siendo una práctica habitual y que nadie hasta ahora había cuestionado al ser conscientes de que si el propio cliente no paga al letrado (algo muy frecuente en la jurisdicción penal de oficio), éste se queda sin cobrar por un servicio que se presta, además, por designación judicial y que es un mandato constitucional: el derecho a la defensa.

Consciente de la gravedad que la decisión de la ministra implica, los servicios jurídicos de En la Abogacía española están preparando un recurso contencioso-administrativo para presentar ante la Audiencia Nacional. paralelo, el Grupo Parlamentario Popular ha llevado al Congreso de los Diputados este asunto con varias preguntas parlamentarias en las que instan al Ejecutivo a pronunciarse sobre lo que fuentes de la Abogacía tildan de «decisión insólita».

El anuncio de Delgado, que se ensaña sobre un colectivo que ya arrastra problemas en el cobro , supone dejar de pagar más de 200.000 euros al mes en los territorios que el Ministerio gestiona, es decir, las comunidades de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y la Comunidad de Madrid sólo en lo que se refiere a los tribunales con jurisdicción nacional: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Delgado apoya su decisión en un informe de los servicios jurídicos del Estado según el cual el cobro de estos profesionales no tiene cobertura legal, pero fuentes de la Abogacía recuerdan que hay una responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez. Y ello es así hasta el punto de que, como recuerda el veterano abogado de oficio Antonio Alberca, se cobra en concepto de «indemnización», y no de «honorarios».

Este mismo letrado, a quien hace diez años le tocó dedicarse durante varios meses en exclusiva a la defensa de uno de los procesados del 11-M, explica a ABC la situación en la que él mismo se va a encontrar en las próximas semanas: ha sido designado para defender a un miembro de una organización criminal de falsificación de moneda en un juicio que se prolongará durante 15 sesiones en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares . A día de hoy no se ha reunido con su cliente todavía y por experiencia ya intuye que de él no va a cobrar un euro. Sin embargo, en la jurisdicción penal no existe el desistimiento, pues la ley obliga a que todo investigado tenga derecho a un abogado.