CiU, en 2012: «Son grupos perfectamente organizados y hay que saber que la policía va a ser la víctima»

«Debemos articular mejor la respuesta policial en ante esos nuevos fenómenos que se dan, saber que buscan a veces provocar la confrontación con la propia policía y saber que la policía va a ser víctima, en muchas ocasiones, de esos intentos buscados de confrontación con ellos» . Con estas palabras, el actual consejero de Interior del Gobierno catalán, Jordí Jané, pedía en 2012 en su condición de diputado «instrumentos» para las Fuerzas de Seguridad y «mejores respuestas jurídicas» destinadas a hacer frente a la violencia callejera. Lo hacía en el Pleno de la Cámara Baja, en una interpelación dirigida al ministro del Interior, hoy en funciones, Jorge Fernández Díaz, que fue decisiva para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsara una nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, hoy en vigor.

Los esfuerzos de CiU por denunciar «el problema de la multirreincidencia y el problema de la creciente violencia callejera» y reclamar medidas contundentes contra ese tipo de vandalismo se produjeron en un contexto crítico: el de las revueltas posteriores a la huelga general del 29 de marzo de 2012 convocada en protesta contra la reforma laboral y las manifestaciones por los posteriores recortes educativos , que convirtieron Barcelona en el escenario de una guerrilla urbana. Asaltos a bancos, quema de contenedores, choques a pedradas con los Mossos formaron parte de la batalla diaria desplegada por un ejército de encapuchados que sembró el caos en la Ciudad Condal. Las detenciones se contaron por decenas.

Moción de la mano del PP

Paradójicamente, CiU acabó oponiéndose al texto de la Ley de Seguridad Ciudadana y tildándola de «ley mordaza», en un vuelco a sus posiciones iniciales y en su discurso, que visto con perspectiva recuerda al que hoy exhibe la CUP.

Los miembros del Grupo catalán en el Congreso votaron en contra incluso de lo que habían reclamado en una moción presentada por ellos y que salió adelante en julio del mismo año 2012 con el apoyo del PP, y en la que, entre otros, se instaba a endurecer la respuesta al vandalismo en casos de «especial peligrosidad» , como la que suponen quienes actúan en las calles con la cara tapada o portan «materiales de alto riesgo».

Aquella moción de CiU apostaba por establece r una tipificación específica del delito de violencia urbana que posibilitara la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar. Además, abogaba por una nueva definición del delito de «alteración del orden público» y del delito de atentado. «Se trata de medidas legislativas para aislar a los grupos que utilizan la violencia , actúan de forma planificada, que buscan crear el caos y el daño al patrimonio público y privado», defendió entonces en el hemiciclo del Congreso Jordi Jané.