El consejero de Justicia de la Generalitat, uno de los contactos con las empresas del 3%

La operación del miércoles , desarrollada por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción con la coordinación del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, ha puesto de manifiesto las relaciones entre empresarios y políticos. Las investigaciones han detectado que los primeros o bien eran conducidos hasta CatDem para que hicieran sus «donaciones/mordidas», o bien ellos mismos acudían a la fundación convergente porque tenían información de que de esa forma les era más sencillo conseguir adjudicaciones.

Para los investigadores resultó más que llamativo que algunos empresarios tuvieran relaciones tan intensas con personas de CatDem o próximas a ella , ya que sus mundos son, al menos aparentemente, muy distintos. Hasta el momento las pesquisas han identificado tres puntos de conexión con nombres y apellidos: Daniel Osácar , extesorero de CDC y que se sentará en el banquillo por el caso Palau; Andreu Viloca , su sucesor en el partido y la fundación y el actual consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó.

Esos contactos, ya demostrados, no suponen en sí mismos actividad delictiva alguna, pero a los investigadores les llama la atención que se tratara de contactos opacos (en especial los referidos a Gordó) que no figuran en sitio alguno. Esta línea de investigación sigue en marcha -aún es pronto para formular cualquier acusación-, pero es prometedora, según las fuentes consultadas.

Los nombres de los tesoreros de Convergència ya eran conocidos, pero no así el de Germá Gordó en su faceta de nexo entre empresarios y la fundación. Hay que precisar, en cualquier caso, que el director general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell (detenido el miércoles) era la mano derecha del actual consejero de Justicia.

Es significativo en este sentido el episodio del proyecto del canal Segarra-Garrigues , la obra pública más importante de Cataluña después del AVE y que podría acabar costando al menos 1.928 millones de euros. La empresa adjudicataria fue ASG, cuyo presidente actual es Josep Grau quien fue consejero de Agricultura entre 1999 y 2003. Fue en esos años de mandato de Jordi Pujol en los que se lanzó el proyecto del canal y se fijaron las bases del concurso de adjudicación para la mayor obra en la historia de la comunidad hasta ese momento.

Grau preparó la licitación del concurso con Josep Antoni Rosell, que entonces era subdirector general de Infraestructuras en el departamento de Agricultura. Al poco tiempo de firmarse el contrato, Rosell pasó a ser director general de ASG. Hoy, Rosell es director general de Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat que gestiona las obras públicas, incluida la red de distribución del canal Segarra-Garrigues, que construye la propia ASG. También intervino Germà Gordó, el actual consejero de Justicia y por aquel entonces secretario general de Agricultura.

Un informe interno de la empresa de la Generalitat encargada de ejecutar las obras alertaba ya en 2007 de que había una desviación presupuestaria del 81 por ciento; es decir, que un proyecto que iba a costar 1.069 millones de euros podría acabar costando los ya citados 1.928 millones.