El juez procesa a dos etarras por el asesinato de un militar en 1995 en León

El 22 de diciembre de 1995, la banda terrorista ETA asesinó al Comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo con una bomba-lapa colocada debajo del asiento del conductor del vehículo del militar, quien iba acompañado por su hija en el asiento del copiloto. Cortizó murió y su hija sufrió graves heridas. El asesinato era uno de los que seguía sin resolverse . Hasta ayer.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González reabrió la causa por este asesinato y procesó a los etarras Soledad Iparraguirre, «Anboto», una de las jefas históricas de la banda terrorista, pareja de Mikel Albizu «Antza», y a Sergio Polo Escobes, alias «Lur». Ambos son enviados así a juicio. El magistrado tomó esta medida a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a raíz de que las fuerzas de seguridad revisan de forma periódica los atentados de ETA que siguen sin resolver.

Según la resolución dle juez, la etarra «Anboto» fue la que ordenó el atentado tras entrar en la cúpula de la organización en 1993. El encargo lo recibió «Lur», quien se traslado desde San Sebastián a León para cometer el asesinato. El terrorista, después de unos días de viligancia al militar, colocó una bomba-lapa debajo del asiento de su coche tras abril el vehículo con un destornillador. El artefacto, cuyo material fue aportado por «Anboto», explotó cinco minutos después de que Cortizo arrancara el vehículo. Además de la hija, resultaron heridas otras cuatro personas.

A esta información se llegó después de que la Guardia Civil señalara que en el registro del domicilio de Pasajes de San Pedro (Guipuzcoa) alquilado por Sergio Polo, se encontraron «numerosas evidencias, documentos y efectos q podrian ser utiles para la resolucion del mencionado caso y q consideraba necesario revisar».

Tras analizar el caso y varios informes policiales, el juez aprecia «numerosos indicios» para imputar a Iparraguirre y Polo por seis delitos de asesinato terrorista, cinco de ellos en grado de tentativa y descartar como posibles autores a los miembros de ETA Javier Garcia Gaztelu, alias «Txapote», y Jose Ignacio Alonso Rubio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 3 impone a los procesados una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros y acuerda librar una OED a Francia solicitando la entrega temporal de «Anboto» a fin de que se le tome declaración indagatoria en relación con los hechos.