El Supremo investiga a la exalcaldesa de Jerez por prevaricación en Gürtel
La senadora del PP adjudicó contratos a favor de las empresas de Correa sin competencia para ello
El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo , por haber prevaricado supuestamente al otorgar contratos ligados a la feria Fitur 2004 a favor de empresas vinculadas a la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata pidió al Alto Tribunal que actuara contra García Pelayo al estar aforada por su condición de senadora al apreciar «groseras irregularidades» en la adjudicación de contratos del ayuntamiento de Jerez a compañías de la red manejada por Francisco Correa , el principal cabecilla de la trama Gürtel.
En esta pieza separada del caso Gürtel se investigan tres contratos otorgados por el ayuntamiento de Jerez a las empresas de Correa, el cerebro en la época en la que García Pelayo era alcaldesa de la localidad. El juez De la Mata considera que la senadora aprobó los tres contratos irregulares siendo consciente de que no tenía competencia para ello. Incumplió, además, los estatutos del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que ella era presidenta.
La Sala de Admisión comparte «la trascendencia de los indicios» relatados por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y asegura que «la detallada y bien articulada» exposición del juez desvela que García Pelayo adoptó de forma consciente resoluciones como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar cuando no tenía competencia para ello.
La causa contra la senadora se abre por el supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El Supremo no asume la competencia para investigar a los demás imputados en esta pieza separada, hasta siete . El juez considera que las resoluciones administrativas firmadas eran falsas, se firmaron después de su consignación formal y no se correspondieron con expedientes administrativos reales. «Existe prevaricación cuando se ejerce arbitrariamente el poder».
La Sala de Admisión aprovecha, además, para reiterar los perjuicios que causan los «llamados macroprocesos» frente al criterio de conexidad que invocaba el juez instructor para investigar en la misma pieza a la aforada y a los que no lo son. Argumenta que esa vinculación de casos debe ponderarse para evitar la creación de macrocausas, «cuando las pretendidas ventajas de dicha acumulación son de relevancia muy inferior a la de los perjuicios que conlleva». La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha adoptado medidas, algunas controvertidas, con la intención precisamente de aligerar estas causas.
