El exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, a las puertas de juicio por fraude fiscal

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la imputación del exdiputado de Ciutadans (C's) Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda pública, lo que lo sitúa a las puertas de ser juzgado por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros en un entramado societario dirigido por su excuñado.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección octava de la Audiencia de Barcelona rechaza archivar la causa contra Cañas, como había solicitado el exdiputado, y confirma el auto en el que el titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona daba por cerrada la investigación y le acusaba, junto a otras 10 personas, de colaborar con el entramado empresarial fraudulento.

El juzgado empezó a investigar el caso a raíz de una querella de la Fiscalía, que en una primera fase pidió sin éxito el archivo de las diligencias para Cañas, y envió el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la condición de aforado del exdiputado , que en abril del año pasado dimitió a raíz de su imputación.

El caso regresó entonces al juzgado de instrucción, que, en la decisión que ahora ha ratificado la Audiencia, concluye que existen indicios de que Cañas intervino en una trama diseñada por una estructura de empresas -Grupo Corbelia- para eludir el pago de impuestos mediante facturas falsas a las sociedades vinculadas.

Concretamente, la implicación del exdiputado de Ciutadans en el entramado deriva de una factura de 100.050 euros que la empresa de su excuñado Inma & Marc Habitatges S.L. emitió en febrero de 2005 a la sociedad administrada por Cañas, bajo el concepto de «servicios de colaboración en la prestación de servicios generales», que la Audiencia considera inexistentes.

El tribunal sostiene que, con el fin de defraudar el impuesto de sociedades de 2005, varias empresas vinculadas al Grupo Corbelia mantuvieron relaciones comerciales entre sí por elevados importes , correspondientes a prestaciones de servicios o entregas de bienes cuya realidad no se ha acreditado, de forma que «las facturas que dan soporte a tales operaciones serían presuntamente falsas».