Cuenta atrás para que los «aforados» de los ERE vuelvan a Sevilla

La causa de los ERE que afecta al todavía aforado José Antonio Viera , y a los ya exparlamentarios Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías tiene las horas contadas en el Tribunal Supremo. La decisión del Congreso de tramitar el suplicatorio de Viera que el Alto Tribunal solicitó el pasado julio no va a suponer gran avance en el desenlace del escándalo de corrupción que salpica a los dos expresidentes de la Junta y a dos exconsejeros del Gobierno autonómico. A un mes de la disolución de las Cortes no hay tiempo para un recorrido procesal que permita que sea el Supremo el competente para investigar a los exaltos cargos de la Junta, según aseguran a ABC fuentes del Alto Tribunal.

La transformación de la causa en procedimiento abreviado permitiría al instuctor, Jorge Alberto Barreiro, inculpar a Vieira tras haber recibido la «autorización» de las Cortes para hacerlo (el suplicatorio), pero eso no significa que el Supremo sea competente para quedarse con los «exaforados» una vez disueltas las Cortes. Para que esto sucediera tendría que darse un paso más: la apertura de juicio oral, y, dado el recorrido que sería necesario hasta ese momento, es prácticamente imposible que esa resolución llegue a producirse en el seno de ese Tribunal , señalan las fuentes antes citadas. Para empezar, una vez dictada la transformación de la causa en procedimiento abreviado habría que dar traslado de esta resolución a Fiscalía, acusaciones y defensa para que formularan sus respectivos escritos (de acusación y de defensa). A ello se suma que cabría la posibilidad de que alguna de las partes pidiera alguna prueba anticipada, cuestión sobre la que también habría que resolver.

La línea que marca el momento en el que el aforado permanece en el tribunal que le ha investigado (el auto de apertura de juicio oral) la marcó el propio Tribunal Supremo en un Pleno de la Sala Penal de diciembre del pasado año. Los magistrados estudiaban el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del TSJ de la Comunidad Valenciana de remitir a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento del caso Fitur tras la renuncia a su acta de diputadas autonómicas de dos acusadas, después de que el tribunal superior hubiese señalado ya el inicio de la vista oral.

Cuando el procedimiento vuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tampoco hay garantías de que avance con la misma normalidad procesal que cualquier otra causa. Dos magistradas se disputan la instrucción del caso ERE: Mercedes Alaya, quien lo ha tenido en sus manos durante el último lustro y a quien el TSJ le adjudicó este procedimiento en el plan de actuación de este juzgado; y María Ángeles Núñez Bolaños, su sustituta y ahora titular del juzgado y quien el pasado julio tomó la decisión de dividir el caso ERE en distintas piezas dejando ahora en un limbo la labor de Alaya.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejará resuelto este asunto previsiblemente el próximo mes de octubre una vez que el TSJ andaluz le informe, por tercera vez, del plan de reparto previsto. Solo en ese momento se sabrá si los aforados caerán en manos de la juez que ha sido el azote de la Junta o si, por el contrario, recaen en la juez Bolaños, la magistrada sobre la que a especialmente a raíz del escrito que dirigió a Alaya al Consejo, recae la sombra de la sospecha por su amistad con el consejero de Justicia Emilio Llera y por su falta de experiencia en la jurisdicción.