La Audiencia Nacional asume el caso Madeja, trama de corrupción que investigó la juez Alaya
Esta causa, en la que hay 96 imputados, nació en Mercasevilla, el foco de origen de los ERE de Andalucía
La Audiencia Nacional ha asumido la investigacón del caso Madeja, hasta ahora investigado por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, por su grave repercusión en la economía nacional. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata asegura en un auto que este entramado de corrupción, por el que están imputadas 96 personas, supone una «compleja instrucción» que afecta a la seguridad del tráfico mercantil y perjudica a una generalidad de personas, pertenecientes a diversos territorios de España. Todo ello justifica la competencia del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, del que es titular De la Mata.
El magistrado explica en la resolución que esta investigación ha descubierto la supuesta existencia en la empresa Fitonovo de una «actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos». Las ramas de esta red, cuya investigación brotó de Mercasevilla, el foco de corrupción del que también nacieron los ERE de Andalucía, se extendieron por Madrid, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Andalucía y Extremadura.
Entre las Administraciones Públicas afectadas están el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas, el Ministerio de Fomento a través de Adif, o la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura.
La UCO estimó en su día que Fitonovo, una empresa dedicaba en teoría a la consultoría ambiental, pago dádivas por 4,3 millones de euros y que se nutrió de facturas falsas de compañías que recibían bonificaciones por estos servicios. De la Mata explica que la dirección de Fitonovo «creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares».
Para ello, la compañía destinó la estructura comercial de la empresa « para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban » las adjudicaciones irregulares. Esto llevó a la creación de «una contabilidad paralela que se nutría de la facturación falsa, para entre otros fines financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos», relata el magistrado.
Los hechos investigados constituyen así todo el rosario de delitos de corrupción del Código Penal: cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo , contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales.
