Podemos se suma a la cruzada contra el voto rogado
El partido, el más votado entre los españoles en el extranjero, quiere poner fin a una figura que provoca que los sufragios de los emigrados caigan en urna vacía. Los exiliados denuncian el cierre del censo para las generales «sin previo aviso»
La maquinaria electoral de Podemos ya está en marcha, y el partido se esmera en confeccionar la mejor estrategia para «asaltar» el cielo de La Moncloa. Si el primer paso fue buscar alianzas en los territorios donde el músculo morado podría no ser suficiente —y donde la ley electoral hace que el escaño salga «más barato»—, la formación liderada por Pablo Iglesias tiene muy presente otro de sus principales caladeros.
En los pasados comicios autonómicos, Podemos fue primera fuerza entre los españoles residentes en el extranjero . La formación recibió 2.971 votos, 342 votos más que el siguiente partido más votado, el PP. De hecho, antes de la cita electoral el partido ya inició una cruzada contra el «voto rogado», una modificación de la ley electoral instigada por PP y PSOE en 2011 —con el apoyo de CiU y PNV— que obliga a los españoles residentes en el extranjero a «rogar» un derecho que le otorga la Constitución. La aparición de esta figura se ha traducido en un hundimiento de los sufragios de quienes residen en el extranjero (cayó de un 35% previo a la ley a un dramático 2%).
Desde el colectivo apartidista Marea Granate —que lleva ya varios años luchando por los derechos de los españoles emigrados— consideran que la medida se traduce en un «voto robado». Además, esos votos no efectuados se convierten automáticamente en abstenciones, no se sacan del censo de cara al recuento.
Voto rogado, voto «robado»
El voto rogado supone que los emigrantes españoles en otros países están obligados a solicitar previamente el voto, a «rogarlo», como su nombre indica. A partir de ese momento, se inician una serie de engorrosos trámites, plazos nimios y sin publicidad institucional que informe a los interesados que acaban provocando de facto que la mayoría de ellos no pueda ejercer su derecho. El primero de esos plazos «trampa» es el propio cierre del censo de españoles residentes ausentes, el CERA, que según recoge la modificación de la ley electoral se produce prácticamente cuatro meses antes de las elecciones —dos meses antes de que se publique su convocatoria en el BOE—. Si la fecha final de las generales es el 20 de diciembre, el censo será el vigente a 31 de julio. O lo que es lo mismo, quedará cerrado este viernes. Y sin previo aviso.
Marea Granate ha publicado un informe en el que aseguran que « la falta de información, la innaccesibilidad de Consulados y los plazos impuestos por el voto rogado» son las causas fundamentales de la paupérrima participación electoral de los emigrantes. Para intentar que no volviera a ocurrir, enviaron una carta a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación el pasado mes de enero, que quedó sin respuesta.
Entre los motivos por los que los exiliados no han podido votar, el más popular depende directamente de la administración: «Las papeletas no llegan a tiempo». Un 51,6% lo denunció en las pasadas europeas, un 38% en las andaluzas y un 37,2% en las autonómicas y municipales del 24-M. La siguiente más repetitiva es no poder inscribirse a tiempo, precisamente por el cierre del censo «sin previo aviso» , como denuncia María Almena, portavoz de la Marea Granate.
Una vez publicada la convocatorio en el BOE, se habilita un plazo de unos escasos siete días para que se pueda consultar el CERA e incluso para intentar que se produzcan las modificaciones pertinentes, de no estar incluidos en él. Son sólo siete días —sólo uno de ellos es no laborable— a los que no se les da ninguna publicidad y el principal problema es que sólo puede hacerse mediante certificado digital o en persona en el Consulado. Esta es otra de las principales trabas. En Reino Unido, por ejemplo, solo hay dos Consulados —uno en Londres, muy saturado, y otro en Edinburgo—. Alejandro, andaluz residente en York, explica que tiene que conducir durante más de cuatro horas (400 kilómetros) para desplazarse hasta allí. «En París, para las elecciones andaluzas se formaron colas de hora y media en el Consulado el único día no laborable en que se podía hacer el trámite», explica Almena.
«No se pueden perder derechos por tener que irte de tu país», se queja la portavoz. Más allá de que se derogue el voto rogado y se modifique la ley electoral, objetivo final de la Marea Granate, hay pasos que se pueden dar «y que solo depende de la voluntad política» que eliminarían parte de las trabas del voto exiliado. «Que se implanten trámites telemáticos, que se homogenicen los trámites en todos los Consulados, que se dé una información adecuada y sobre todo, que se amplíen los plazos», reivindican desde la marea.
En los pasados comicios autonómicos, de los más de 242.419 ciudadanos que integran el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), solo ejercieron su voto un total de 10.225 —en las municipales sencillamente no tenían derecho a votar—.
Podemos lanzó un video para el 24-M en el que exiliados en diferentes ciudades del extranjero pedían el voto para el partido de Iglesias, porque ellos «no podían votar». Incluso denunció ante la Junta Electoral Central el sistema de voto rogado y pidió que se ampliara el plazo al maximo posible para facilitar el voto por correo a los residentes en el extranjero.
El partido ya trabaja en la elaboración de su programa para los comicios y prevé incluir una reforma electoral cuyo apoyo será requisito indispensable para llegar a acuerdos postelectorales con otras formaciones. Con las generales a cuatro meses vista, Iglesias se hace eco de las reivindicaciones de la marea granate en busca de la derogación de una reforma electoral que podría hacerle perder un buen puñado de votos.
Noticias relacionadas
- Solo el 10% de las bases de Podemos avala la política de pactos de Pablo Iglesias
- Podemos se desmoviliza
- Iglesias sella su pacto con ICV y EUiA para las generales e incluye el derecho a decidir
- Pablo Iglesias dice que no cederá al «chantaje» de IU ni «por 500.000 votos»
- PP y PSOE pelean sobre quién y cómo suprimir el voto rogado
