Los grupos acusan a Colau de querer acabar con la oposición

«Quieren acabar con la oposición. Estamos en la calle». La autoritaria manera con la que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona está procediendo a recortar el número de asesores al que obliga la Ley de Reforma Local está elevando la tensión política hasta niveles impensables en la normalmente cortés vida municipal barcelonesa.

La junta de portavoces extraordinaria forzada ayer por los partidos de la oposición acabó sin acuerdo y con caras largas . El acuerdo, en lo que debería ser un reparto equilibrado del número de asesores entre el gobierno y la oposición, se intuye ahora imposible; una situación, por otra parte, que conduce a la parálisis en el Consistorio. Por no hablar de la situación personal de muchos asesores -entre ellos asesores de prensa de los grupos-, que ayer oficialmente perdieron su empleo y no saben si lo recuperarán.

Al margen de las situaciones personales, la actitud poco dialogante y hasta autoritaria del equipo de Ada Colau, tal y como denuncia la oposición, conduce a que el funcionamiento ordinario del Consistorio quede en suspenso. Sin acuerdo con los grupos, el llamado pleno de «cartapacio», en el que se formaliza la estructura de gobierno y se crean las comisiones, no saldrá adelante dado que los concejales de BComú no alcanzan ni de lejos la mayoría del pleno : once ediles del equipo de Colau en un pleno de 41 concejales. Así las cosas, y dado que en septiembre las elecciones autonómicas suspenden la celebracción de plenos y comisiones, es probable que el Consistorio no se ponga en marcha hasta entrado el mes de octubre.

En este escenario, oposición y gobierbierno se echan las culpas unos a otros. La ley de Reforma Local obliga al Ayuntamiento a un drástico adelgazamiento, pasando de 163 a 92 eventuales. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde, defendió que la propuesta de reparto que hace el ejecutivo es «generosa». Según sus números, es el ejecutivo quien hace el mayor esfuerzo en la reducción de eventuales, pasando de 120 a 58 cargos, mientras que la oposición pasa de 43 a 34. Pisarello denunció en este sentido que la contrapropuesta del resto de grupos, con más asesores en la oposición que en el gobierno, «imposibilita llevar a cabo las funciones básicas» del ejecutivo .

La situación, ciertamente, tiene difícil arreglo. Hay menos cargos a repartir y más grupos que optan a ellos: de cinco grupos en el anterior mandato a siete en el actual. De la reducción de sueldos que propugna BComú o las presidencias de los distritos no se ha llegado ni a hablar.

La situación es tensa, y la misma ha propiciado un insólito frente en el que se suman ERC y el PSC -que apoyaron la investidura de Colau- junto a CiU, C’s y PP. La CUP se mantiene al margen . Por otra parte, y en lo que visto el panorama puede considerarse un avance, Adrià Alemany, pareja de Colau y contratado por BComú, no lideró la negociación.