Catalá rectificará sobre las limitaciones de grabar a los detenidos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha atendido a las demandas de sindicatos y organizaciones de profesionales de la información que pedían un cambio en el texto del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Catalá ha prometido buscar una alternativa que beneficie tanto al derecho a la información como a los derechos constitucionales del investigado.

En una reunión con el ministro, representantes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y del Foro de Organizacones de Periodistas (FOP) han mostrado su desacuerdo con esta medida al considerar que supone un peligro para el derecho de la información reconocido en la Constitución .

Los periodistas y editores de estas agrupaciones también quisieron mostrarle a Catalá la inseguridad jurídica que les supone, ya que no se especifica cómo se iban a poner en marcha estas medidas de protección. Dicho apartado de esta Ley Orgánica de Modificación hacía referencia a que, en la detención de una persona «se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores».