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PP y PSOE pactan recuperar el recurso previo para estatutos de autonomía
Las propuestas quedarán suspendidas de forma automática antes de que se celebre un referéndum
El PP y el PSOE llegaron ayer a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad , una medida que evitará casos como el del Estatuto de Autonomía de Cataluña , tumbado en parte por el Tribunal Constitucional en 2012, cuando ya estaba en vigor y aprobado en referéndum en 2006. La iniciativa tendrá luz verde en el segundo Pleno del Congreso del próximo mes de julio , según fuentes parlamentarias.
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El Grupo Popular y el Grupo Socialista llevan negociando sobre este asunto desde el año pasado , cuando presentaron por separado sendas proposiciones de ley, que tenían un mismo objetivo: recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, que fue instituido en 1979 y después suprimido en 1985. Por parte del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y Pilar Cortés, y por el PSOE, José Enrique Serrano, intentaron durante meses llegar a un punto de encuentro, una tarea muy complicada por el enfrentamiento político de los dos grandes partidos, acentuado en la recta final de la legislatura.
No en leyes orgánicas
Tenían una diferencia: el PSOE solo pedía el recurso previo para las reformas de Estatuto, mientras que el PP quería ese recurso también para los proyectos de nuevos estatutos . Al final han pactado las enmiendas para confluir en sus objetivos: habrá recurso previo para propuestas de reformas y proyectos de estatutos de autonomía, pero no para leyes orgánicas. Se evita así que pueda ser utilizado por grupos minoritarios para impedir la entrada en vigor de normas legales, de carácter orgánico, aprobadas por las Cortes Generales.
El plazo del recurso será durante los tres días siguientes a la aprobación de la reforma o el proyecto por las Cortes Generales y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Será antes, por tanto, de ser sometido a un referéndum, algo fundamental, pues el argumento de los nacionalistas era que no podía asumirse que haya un tribunal, el Tribunal Constitucional, que limite, que vulnere y que se pronuncie en contra de lo que ya ha decidido «en un pronunciamiento el pueblo soberano», como dijo la diputada nacionalista catalana Montserrat Surroca durante un debate parlamentario. Según fuentes parlamentarias, con el recurso previo se evita ese «choque de legitimidad» que critican los nacionalistas.
La interposición del recurso supondrá la suspensión automática de la reforma o proyecto de estatuto de autonomía y todos los trámites subsiguientes . A partir de ahí, el Tribunal Constitucional tendrá seis meses, improrrogables, para resolver. Este tipo de recurso tendrá carácter preferente. Si la aprobación del estatuto y su reforma debe ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad, el mismo no podrá convocarse hasta que no resuelva el TC.
Las fuentes consultadas han resaltado la importancia de una iniciativa que supondrá una barrera para quienes quieren utilizar los estatutos de autonomía como ariete soberanista.
Control del TC
El consenso del PP y del PSOE llega a los principios que hay detrás de esta figura jurídica, y ambos utilizan prácticamente idénticos argumentos a la hora de su defensa. «Resulta evidente que los estatutos de autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado. Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de constitucionalidad», sostiene el Grupo Popular en la exposición de motivos de sus enmiendas.
Se trata, en definitiva, de garantizar « el no siempre fácil equilibrio entre la especial legitimidad que tienen los Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas,en cuya aprobación intervienen tanto las Comunidades Autónomas como el Estado y, en ocasiones, el cuerpo electoral mediante referéndum, y el respeto de dicho texto al marco constitucional, construido alrededor de la Constitución como norma fundamental del Estado y de nuestro ordenamiento jurídico».
El alcalce de la reforma que proponen el PP y el PSOE afecta a tres preceptos de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
