Audiencia nacional
El exconsejero Victoria será interrogado por su relación con la Púnica el 20 de julio
Lucía Figar declara en torno a dos horas por sus contratos de reputación digital con el empresario De Pedro
El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria será interrogado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el próximo 20 de julio por su relación con la trama Púnica. Así lo ha acordado el magistrado al suspender la comparecencia prevista para hoy después de que el abogado de Victoria alegara nulidad procesal en su citación. El juez le imputó sin tener competencia para investigarle porque el ex diputado regional estaba entonces aforado.
No alegó lo mismo la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, quien declaró ante el juez y las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez durante unas dos horas. El contenido de su declaración no trascendió al estar la causa bajo secreto de sumario.
Velasco citó a ambos como imputados por haber pagado supuestamente con dinero público trabajos de «reputación» digital a una empresa de Alejandro De Pedro, uno de los conseguidores de la red de corrupción local y regional.
El más madrugador ha sido Salvador Victoria, quien llegó a la sede de la calle Prim en taxi a las nueve menos cuarto de la mañana. Casi una hora más tarde, a las diez menos diez aparecía Lucía Figar, en un coche oscuro, acompañada por su abogado. Ambos estaban citados a las diez de la mañana para ser interrogados por el juez instructor.
Según fuentes de la investigación, Salvador Victoria encargó a De Pedro trabajos para que en las búsquedas por internet saliera favorecido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre todo su expresidente Ignacio González . La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tratan de averiguar en que consistieron aquellos trabajos y si está justificado usar dinero público para potenciar la imagen de un cargo público.
A Victoria también se le relaciona con el supuesto pago en negro de 120.000 euros en tres tandas que la Administración madrileña habría exigido a la empresa tecnológica Indra para una compañía de De Pedro. Este dinero, según salió a la luz cuando el juez levantó el secreto sobre las declaraciones de muchos testigos e imputados, habría sido reclamado por José Martínez Nicolás , el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
El que fuera el número dos de González, quien dimitió de su cargo dos días después de la imputación, como Figar, aseguró que «por fin» podría defenderse de unas informaciones que califica como «insidias». «Todo lo que se ha dicho de mí en algunos medios es absolutamente falso» , declaró para ABC.
A Figar, quien también dimitió como concejal de Educación, el juez quiere cuestionarla sobre diversos contratos también con empresas vinculadas a De Pedro, para trabajos de «reputación» digital. En este caso, según fuentes de la investigación, Figar y/o su consejería habrían sido receptoras directas de los trabajos de De Pedro.
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