ley del poder judicial
Justicia rectifica y aplaza dos años la jubilación de eméritos del Supremo
La reforma original pretendía que cesaran de forma inmediata los que tuvieran más de 72 años, situación en la que se encuentran algunos díscolos con la reforma laboral del Gobierno
Lo que menos interesa ahora al Ministerio de Justicia es abrir un foco de conflicto con el Tribunal Supremo a cuenta de la figura del magistrado emérito, por lo que ha decidido aplazar la reforma de la ley del Poder Judicial que prevé su supresión al incrementar la edad de jubilación de los jueces a los 72 años. Así, en una enmienda transaccional aprobada esta semana por la Comisión de Justicia del Senado, la puesta en marcha de esta medida se pospone dos años.
Dos días antes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá , se había reunido con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para buscar una solución que evitara que media docena de magistrados se vieran obligados a abandonar sus plazas a lo largo del próximo mes.
La enmienda original del Grupo Popular -que ahora queda modificada- especificaba que los jueces que tengan la condición de eméritos y superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Social del Alto Tribunal, la misma que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP.
La transaccional, avalada por cuatro grupos parlamentarios, especifica ahora que quienes, a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como magistrados eméritos o magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual régimen retributivo. No obstante, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años .
La propuesta del PP mantiene la «jubilación forzosa» de los jueces a los 70 años pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad. Fuentes judiciales críticas con esta reforma aseguran que el hecho de permitir que el magistrado siga dos años más supone un embudo para los jueces que no tienen destino propio en España (alrededor de 300) y que ejercen como jueces de adscripción territorial desplazándose de unos juzgados a otros en función de las necesidades. Estos jueces tendrán que esperar ahora dos años más hasta que la plaza del juez jubilado salga a concurso. Este problema no existía ahora con los eméritos, pues la plaza que dejó el emérito estaba cubierta desde el primer momento.
«Hasta que el cuerpo aguante»
La nueva redacción del texto especifica que jueces y magistrados conservarán los honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación . El PP justifica este cambio en la supresión simultánea de la figura del magistrado emérito a la que podían acogerse aquellos jueces que lo desearan hasta los 75 años.
Antes de la reunión con Catalá los magistrados del Supremo ya habían transmitido su preocupación por ese incremento de la edad de jubilación. Argumentaban que la desaparición de la figura del emérito, que era voluntaria para aquellos que quisieran ejercer o lo necesitaran, les obliga a continuar trabajando «hasta que el cuerpo aguante» por un ridículo incremento de pensión, informa Ep.
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