Los sefardíes ya pueden volver a ser españoles

La ley que regula la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes ha sido aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados. En un emotivo acto, bajo la amenaza de una inminente tormenta, los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores y los representantes de la comunidad judía escenificaron la satisfacción por esta norma que restituye los derechos de quienes fueron expulsados de España más de cinco siglos atrás.

«Quizás con algo de retraso, pero España acude hoy a la cita con la historia», reconocía Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Junto a él, además de los titulares de Justicia y Asuntos Exteriores, Rafael Catalá y José Manuel García Margallo, se encontraban otros dirigentes políticos que también han apoyado esta norma, como Rosa Díez, de UPyD.

La ley establece que habrá que abonar una tasa de 100 euros para solicitar la tramitación de la nacionalidad, que será compatible con la que tenga por lugar de nacimiento la persona interesada.

Rafael Catalá aseguró que la norma legal ahora aprobada «recupera un tiempo histórico y «rehabilita» a personas que han mantenido la lengua y la cultura española durante siglos. Por su parte, García Margallo se mostró especialmente satisfecho de ver finalizado un proceso que inició personalmente hace más de 30 años, y «que ahora por fin conseguimos».

Anunció también el titular de Asuntos Exteriores que su departamento tiene intención de complementar esta ley con «otras disposiciones» que «honren al personal del servicios exterior español que fueron capaces de ayudar a los judíos perseguidos incluso en contra de las intrucciones oficiales» en determinados momentos de la historia reciente.

El representante de las comunidades sefardíes, Isaac Querub, cree que la aprobación legal de este jueves «abre una nueva era en las relaciones entre el mundo judío y la Hispanidad», y mostró su «enorme satisfacción» a todos los grupos políticos implicados en la ley, citando también al ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que inició su tramitación.