Aznalcóllar: historia del fracaso de la Junta
El Gobierno otorgó la competencia sobre la mina a la Junta de Andalucía en 2014, pero con unas exigencias que no se han cumplido, según el auto judicial
El proceso judicial abierto contra la adjudicación de la mina de Aznalcóllar llevada a cabo por la Junta de Andalucía preocupa al Gobierno de la Nación, y mucho. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ocultó la indignación del Ejecutivo, que en 2014 aprobó un decreto-ley para que la Junta de Andalucía pudiera otorgar la explotación de la mina en un procedimiento de concurrencia competitiva, «previa la comprobación de la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes». Las irregularidades detectadas ahora por la juez en el proceso de adjudicación han obligado a paralizar un proyecto clave para el empleo en una Comunidad que está a la cabeza del paro en España.
Santamaría ha lamentado las «deficiencias de gestión» que se están constatando en la Junta presidida por Susana Díaz, en funciones desde 22 de marzo. Ahora, el Gobierno de la Nación observa las decisiones que se tomen desde la Junta, para salvar un proyecto de un valor que considera fundamental.
Estos son los pasos legales que se han dado desde que en 1998 se produjo la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcóllar, ubicada en el municipio sevillano del mismo nombre, que desencadenó un gran desastre ecológico, según los datos oficiales aportados en fuentes del Gobierno:
• La Junta de Andalucía aprobó la reapertura de la mina de Aznalcóllar:
1) En 2013: Decreto Ley 9/2013, de 17 de diciembre por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Como consecuencia de este Decreto Ley, la Junta de Andalucía procede a:
1. La expropiación de los permisos vigentes de investigación sobre los terrenos de Aznalcóllar.
2. Se reserva la actividad extractiva de los derechos mineros de todas las secciones en los terrenos correspondientes al complejo minero de Aznalcóllar.
2) En 2014: Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía del Gobierno de Andalucía, de 13 de enero de 2014, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.
• Interposición de recurso de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno contra el Decreto Ley 9/2013 así como promoción del conflicto positivo de competencias contra la citada resolución por cuanto el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las áreas declaradas reserva del estado, como es Aznalcóllar.
• Sin embargo, «en aras al interés general y con el objetivo de desbloquear el conflicto de competencias planteado por las actuaciones de la Junta de Andalucía y para que la mina se pudiera poner en funcionamiento para impulsar la actividad minera como fuente de generación de empleo», el Gobierno acordó con la Junta de Andalucía el 10 de abril de 2014 lo siguiente:
a. El Gobierno aprobaría un Real Decreto-Ley en el que establecería que la Junta de Andalucía podrá otorgar la explotación de los yacimientos en la zona denominada Aznalcóllar, a quien resulte adjudicataria en un procedimiento de concurrencia competitiva, previa la comprobación de la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes.
A partir de este momento la Junta de Andalucía será la única competente para la adjudicación de la explotación de la mina conforme a un procedimiento de concurrencia competitiva
b. La Junta de Andalucía resolvería el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.
• La Junta de Andalucía es la única responsable y competente para autorizar el proyecto de reapertura de la explotación de Aznalcóllar, de acuerdo con el concurso que ella misma convocó en enero de 2014.
• Con el fin de activar el empleo y la economía en esa zona, el Gobierno con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2014, «eliminó los obstáculos normativos que pudieran existir para la inmediata apertura de la mina y facilitó el marco normativo necesario que permitió a la Junta de Andalucía, bajo su responsabilidad, continuar con el proceso de adjudicación concursal de la mina de Aznalcóllar».
• El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado por las Cortes Generales, exigía un procedimiento abierto de concurrencia competitiva y la comprobación de la solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes. «Le correspondía a la Junta de Andalucía comprobar el cumplimiento de estos requisitos», concluyen en La Moncloa.
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