Los condenados por acoso al «Parlament» se apuntan a la moda del indulto

Los ocho condenados por los actos de acoso a diputados del Parlamento catalán, en junio de 2011, también se han apuntado a la moda del indulto y han decidido solicitar esta medida de gracia para que la Audiencia Nacional suspenda su entrada en prisión mientras el Gobierno se pronuncia sobre la petición que ya han hecho al Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo les condenó a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado al considerar que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden neutralizar otros derechos y, en concreto, el de participación política a través de los representantes legítimos.

El pasado 29 de abril, la Audiencia Nacional (el tribunal que en primera instancia juzgó y absolvió a las 19 personas que se sentaron en el banquillo) dio diez días a los ocho condenados para que ingresaran voluntariamente en prisión, pero ese plazo no ha expirado todavía dado que la mayoría de ellos no recibió la notificación hasta unos días más tarde.

En los próximos días, la Audiencia Nacional resolverá si paraliza el ingreso en prisión de los condenados, una decisión que puede adoptar de oficio o tras requerir el posicionamiento a las partes personadas: la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por el Parlamento autonómico, la Generalitat y la acusación popular Manos Limpias.

En el juicio contra los 19 «indignados», el abogado del Parlamento catalán pidió tres años de cárcel para todos los acusados, pero advirtió de que la institución que representaba «no vería con malos ojos» un eventual indulto del Gobierno. La Fiscalía, por su parte, se mostró partidaria de repetir el juicio alegando que la sentencia de la Audiencia Nacional tenía un fuerte contenido ideológico.

También el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió a los procesados, Fernando Grande-Marlaska, se mostró partidario de un indulto parcial a los jóvenes sin antecedentes penales, en el voto particular en el que proponía condenar a diez de ellos por un delito contra las instituciones del Estado.